Esto es, a grandes rasgos, lo que está sucediendo en Georgia, la nación ubicada en la costa del Mar Negro, en la intersección entre Europa y Asia, que hasta 1991 fue una de las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética: el Parlamento aprobó en primera lectura (76 a favor, 13 en contra), el proyecto de Ley sobre agentes extranjeros, que restringiría las actividades de organizaciones en las cuales el 20 por ciento de sus finanzas procedan de otros países. La presidenta Salomé Zurabishvili, quien, por cierto, está en Nueva York, dijo que la vetaría.
Miles de georgianos se lanzaron a las calles en Tbilisi, la capital, durante ese enfrentamiento entre las cúpulas de gobierno, rodearon la sede legislativa en rechazo a la decisión, lanzaron cocteles molotov contra la policía, fueron reprimidos con cañones de agua y gases lacrimógenos y varios manifestantes fueron detenidos. Hay heridos de uno y otro lado.
La mandataria dijo que las protestas «representan una Georgia libre». «Hoy, los que apoyan esta ley y los que han votado a favor de esta ley están violando la Constitución. Nos están sacando a todos de Europa», enfatizó.
Ned Price, vocero del Departamento de Estado de EE. UU. metió la cuchareta, como corresponde a quien quiere tener al mundo bajo su férula, y dijo que los manifestantes «pacíficos» de Georgia tienen derecho a reunirse libremente y «pedir a sus gobiernos que respondan por sus actos». A lo que añadió la omnipresente amenaza si no se hace lo que dicen cuando calificó el proyecto legislativo de «un tremendo retroceso en las aspiraciones del pueblo de Georgia y en la posibilidad de que EE. UU. siga siendo un socio para el pueblo de Georgia», y no descartó la posibilidad de que los responsables de reprimir las protestas en Georgia pudieran ser objeto de sanciones estadounidenses.
Por cierto, en Estados Unidos hay una ley que data de 1938, en plena vigencia y aplicación, que se nombra Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE. UU. (FARA), la cual establece la condición de agente extranjero no solo para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, sino también para otras personas jurídicas y físicas, y si no cumplen su registro están los castigos, sanciones administrativas y penas de prisión de hasta cinco años. Dato para que se entienda: nuestros corresponsales de Prensa Latina en territorio estadounidense son «agentes extranjeros» e igual ocurre con otros de países que Washington considera adversarios o enemigos.
No me quedan dudas de que está sucediendo en Tbilisi una situación parecida a la ocurrida en el Kiev del Maidan, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado contra el entonces presidente Víktor Fiódorovich Yanukóvich, aquellos polvos de 2014 que trajeron estos lodos del enfrentamiento armado en suelo ucraniano con peligro de extenderse al Viejo Continente en una guerra de la OTAN encabezada por Estados Unidos contra Rusia.
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