Hay territorios que funcionan como el subsuelo olvidado de un edificio. No se ven, pero sobre ellos se sostiene –y se agrieta– toda la estructura. Extremadura es uno de esos suelos para el Estado español. Lejos de ser una simple región periférica, es el espejo cóncavo donde se amplifican las contradicciones de un modelo territorial diseñado no para la soberanía popular, sino para la gestión eficiente de los intereses capitalistas en el marco europeo. Las elecciones autonómicas no son, por tanto, un ejercicio de democracia sino de concertación de intereses irreconciliables.
En ese contexto, las próximas elecciones autonómicas extremeñas van a ser un episodio relevante del largo momento de impasse en el que se encuentra la política española entre el largo y moribundo ciclo progresista y la oleada reaccionaria global. Todo apunta a que la mayoría electoral del PP va a ser insuficiente para gobernar sin el consentimiento del nuevo fascismo agrupado en Vox Extremadura. No obstante, la dinámica de competición instalada entre ambos partidos, similar a la existente en Castilla y León o Andalucía, pronostica una victoria agridulce para el bloque de las derechas. Mérida está muy lejos de Madrid y además las comunicaciones son terribles, lo que hace que las estrategias de los mandos regionales de ambos partidos no actúen bajo perfecta sintonía de Génova y Bambú. Los cálculos que hagan los parlamentarios extremeños pueden convertirse en cálculos de otro tipo para los dirigentes que tienen que continuar la partida electoral contra su competidor del espacio de las derechas en Valladolid y Sevilla.
La partida que juegan Vox y PP por hegemonizar el espacio de la derecha española tiene una parada importante en Extremadura. Extremadura se enmarca en una macrorregión que incluye Andalucía y todo el sur portugués en la que, en el lapso de una década, se ha producido una transformación sociológica relevante entre cuyos resultados se aprecia un giro electoral hacia la derecha y la derecha radical. En esta zona, la estrategia de Vox de capturar al PP bajo su hegemonía no ha terminado de imponerse, a diferencia de otras geografías más cercanas al resto de Europa, como acabamos de ver en Valencia. Esto lleva a ambos bloques a una competición visceral en la que el PP mantiene su ventaja y, por tanto, su capacidad de presentarse como un partido transversal alejado del trumpismo de otros PP. Estas elecciones revalidarán esta posición, lo que además servirá para el PP de Génova para respaldar su apuesta por ese PP de Moreno Bonilla y Mañueco, aunque sin la contundencia que esperaban quienes pensaron en un superdomingo electoral con leoneses, castellanoviejos, extremeños y andaluces votando masivamente al PP.
La victoria amarga de las derechas no seria posible sin la incomparecencia de un PSOE a la defensiva atrincherado en el Consejo de Ministros y dispuesto, simplemente, a resistir desde ahí. Esto deja a los pies de los caballos a todo el entramado que el PSOE construyó tanto en las instituciones como en la llamada “sociedad civil” durante sus décadas de gobierno. Pero también deja vía libre para que la izquierda del PSOE ensaye sus gestos para el esperado invierno progresista que se anuncia como irremediable desde 2023, en el que La Izquierda “volvería a las calles” y algunos capitanes de barquito podrían recrearse en su porcentaje de voto. Es el caso de Podemos, que ya está afirmando abiertamente que la resurrección de Unidas Podemos en Extremadura va a ser la prueba de que hay que volver a 2019, a someter a IU al mando de la cúpula de Podemos y de esa forma retomar el camino del que Yolanda Díaz nunca debió haberse separado.
Más allá de estos dos grandes bloques se ensaya también este diciembre la hipótesis de algunas izquierdas militantes de apostar en la ventana territorial que, tras el procés, convulsionó la llamada España Vaciada y alcanzó los hitos de llevar a Teruel Existe al Congreso en 2019 o a Soria Ya a las Cortes de CyL. La apuesta de Nuevo Extremeñismo como alternativa de izquierdas a Juntos x Extremadura sería la versión extremeña de un panorama que agrupa a sectores de la izquierda militante bajo la hipótesis de la soberanía territorial que si bien en Extremadura puedan ser poco relevantes no han dejado de serlo completamente en el panorama español como se verá en Andalucía o León próximamente.
En todo caso, el resultado electoral no amenaza con suponer un gran cambio en el proceso de lento declive del Régimen del 78 español. El largo ciclo de gobierno progresista ha situado al Estado Español en una posición privilegiada dentro de su bloque: mientras el Titanic europeo se hunde, España es Rose en una tabla. Pero eso no evita que las deficiencias estructurales del Estado no sigan socavando los pilares del régimen de acumulación capitalista en esta provincia de Europa.
En este otro plano, más general, Extremadura es posiblemente el territorio que ilustra con mayor claridad las características del modelo autonómico resultante de los pactos del 78. Lejos de haber instituido una instancia de democratización o siquiera de descentralización del Estado, la autonomía extremeña ha sido principalmente un marco de acumulación, dejando en un segundo plano cualquier otro papel que las instituciones autonómicas pudieran haber tenido. Como marco de acumulación, Extremadura ha funcionado como el polo rural, periférico y empobrecido del desarrollo desigual y combinado español. Los últimos años de gobierno derechista no han sido capaces de modificar ese papel.
El PP ha apostado por un modelo de desarrollo que se alinea con el modelo que adopta el PP en otras autonomías “de interior”, apostando por la “despolitización” de la autonomía y la gestión tecnocrática. En cuanto al modelo económico, estos años se ha apostado por poner en el centro la búsqueda de inversores extranjeros para exportar los beneficios que pueda reportar la triada del suelo barato, recursos baratos y mano de obra barata. El caso de la fallida mina de litio de Cáceres, la prometida fábrica de baterías de Navalmoral de la Mata o el centro de datos de Nostrum Evergreen son los ejemplos más notorios. Pero hay más ecos de otros PP, como la gestión del operativo antiincendios que este año ha tenido que batirse a fondo en el Jerte, demostrando sus insuficiencias en cuanto a prevención y gestión del operativo. O también en otras áreas como la pretensión de meter en Extremadura cuatro universidades privadas.
Lo que no ha conseguido ni remotamente estos años de gestión de la derecha es revertir la tendencia estructural de Extremadura a ser un territorio meridional europeo, deprimido, periférico, aislado y granero energético. No por casualidad, el olvidado apagón del 28 de abril se originó en una planta de Iberdrola llamada Núñez de Balboa en la que una serie de operaciones extrañas desencadenaron el cero de la red peninsular. Todo esto a la vez que la empresa propietaria de la planta presionaba al gobierno para aumentar la vida de la nuclear de Almaraz… haciendo aumentar artificialmente su rentabilidad traspasando los costes de desmantelamiento al presupuesto público. No por casualidad, Extremadura sea la única comunidad autónoma que pierde población en estos últimos años de crecimiento brutal de la población española por la vía de la inmigración. La caída de población por la emigración y el envejecimiento de la población extremeña es tan abrupta que ni siquiera la inmigración consigue mitigarla.
Que esta sea la posición de Extremadura dentro del reparto de papeles del Estado aboca al proletariado extremeño a padecer una brecha territorial que adopta formas que llevan al extremo la escisión rural-urbana. A diferencia de otros territorios rurales del norte peninsular, en Extremadura habita un numeroso proletariado rural que padece condiciones de explotación salvajes. Este poder despótico se explica por la brecha territorial: la patronal rural si bien tiene una menor y decreciente influencia política. mantiene un control férreo del territorio (espacio público, propiedades e instituciones), ejerciendo así un dominio más directo y brutal sobre los trabajadores. El caso de los 5 de Almaraz es sumamente ilustrativo de esta situación: el supuesto secuestro del empresario no solo duró apenas unas horas antes de ser interceptados, sino que el proceso judicial ha sido fugaz y en un año han resultado condenados.
No cabe esperar de estas elecciones, ni de las que la sigan, cambio alguno si no se construye una alternativa política que haga de fuerza de oposición al sistema en defensa de los intereses del proletariado.
