Francia permitió que los perpetradores del genocidio de Ruanda de 1994 eludieran la justicia, según nuevas pruebas publicadas por el sitio web de noticias Mediapart el miércoles.
Un documento descubierto en archivos oficiales mostró que el gobierno francés ignoró los llamamientos del embajador de Ruanda en París para que las tropas francesas en el país arrestaran a funcionarios del antiguo régimen hutu y, en cambio, organizó su fuga.
El documento, un cable de la oficina del entonces ministro de Relaciones Exteriores francés Alain Juppe, fue firmado por el actual jefe de la agencia de inteligencia exterior francesa.
Fue enviado después de que los líderes hutu llegaran a un campo de refugiados controlado por el ejército francés.
Intentaban huir de Ruanda después de la caída de su régimen, después de haber presidido la masacre de cientos de miles de miembros de la minoría tutsi.
Había tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el país, pero fueron acusadas de permanecer al margen mientras se desarrollaba la ola de asesinatos de 100 días.
La ONU afirmó que no tenía mandato para detener los asesinatos y la mayoría de sus fuerzas se retiraron después de la muerte de 10 soldados de la ONU de Bélgica.
Francia era un aliado del régimen hutu, habiendo firmado numerosos acuerdos militares con el gobierno y entrenado a sus soldados y altos líderes militares.
París envió tropas a Ruanda para garantizar la evacuación segura de los ciudadanos franceses, pero supuestamente no hizo nada para detener la violencia.
El embajador francés Yannick Gerard, en un telegrama enviado desde Ruanda el 15 de julio de 1994, preguntó a sus jefes en París qué hacer con «personalidades, casi todas consideradas responsables de las masacres», que habían llegado a un campo de refugiados dirigido por el Ejército francés en Gisenyi, en la frontera con Zaire (ahora República Democrática del Congo).
El cable decía: «Les hemos informado públicamente que su presencia en la zona no era deseada» y que «serían puestos bajo arresto domiciliario hasta su entrega a Naciones Unidas».
En respuesta, Bernard Emie, entonces asesor del Sr. Juppe y ahora director de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), escribió: “Puede utilizar todos los canales indirectos, y especialmente sus contactos africanos, para transmitir a estos funcionarios (bajo el control del ejército francés) que les pedimos que abandonen la zona segura de ayuda humanitaria, sin revelarnos directamente.
«La comunidad internacional, y en particular las Naciones Unidas, determinarán muy pronto cómo proceder con estas supuestas autoridades».
A varios de los acusados de participar en el genocidio se les ha concedido asilo en Francia.
El tribunal más alto del país ha rechazado 48 solicitudes de extradición de las autoridades ruandesas, insistiendo en que el crimen no estaba en los estatutos de Ruanda en el momento de la masacre.
