«La cárcel es el último lugar en el que alguien puede recuperarse, ser trasladado adecuadamente y sanar una enfermedad grave», han remarcado los representantes de Etxerat, que han reprochado «la crueldad hacia los gravemente enfermos», enmarcada en una «política penitenciaria de excepción» que aún a día de hoy «se traduce en que aún 90 presos vascos y otros 21 en el Estado francés se encuentren en prisiones alejadas de Euskal Herria».
Esta política, han añadido, «impide de forma sistemática las progresiones de grado», por lo que han insistido en la «inaplazable necesidad de que desactiven de una vez las medidas de excepción».
Mikel Mundiñano, de Sare, ha resaltado el «avance que supone el haber conseguido mover la losa de una política basada en el alejamiento y la excepcionalidad» y que «es fruto del empuje social y la costura paciente de consensos».
Ha señalado que «la hoja de ruta pendiente» pasa por la culminación del traslado de presas y presos vascos a las prisiones de Euskal Herria, la asunción y el ejercicio de las competencias por parte de los gobiernos de Lakua e Iruñea; y «la superación de los obstáculos que persisten para la aplicación de un plan de itinerarios de reintegración plena de todas las personas presas en un tiempo razonable».
Ha recordado, además, las movilizaciones convocadas el próximo 8 de enero, que sustituyen a la gran manifestación de Bilbo, suspendida por la pandemia, y ha lamentado que la situación sanitaria no haya permitido que el acto terminara con un brindis «por la vuelta a casa de los presos, huidos y deportados» y por un año nuevo «con esperanza, ilusión y fuerza».
