Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente: “Es inadmisible engañar a 50.000 personas, pactando a sus espaldas”

Alrededor de 50.000 personas se manifestaban el pasado sábado en  Bilbao, para expresar su rechazo al macroproceso abierto en la Audiencia Nacional contra 47 ciudadanos, acusados de pertenecer a ETA por trabajar en defensa de los derechos de los presos políticos vascos.  Los manifestantes respondían así a una convocatoria realizada no solo en apoyo a los procesados, sino también del propio movimiento de solidaridad del País Vasco, ante un proceso denunciado como un nuevo intento para “criminalizar” esta actividad. El lunes 16 de septiembre, sin embargo, el juicio que se presentaba como una nueva batalla política contra la estrategia represiva del Estado español concluía en tan solo 29 minutos. Los 47 procesados, entre los que se encontraban el ex senador de EH Bildu Iñaki Goioaga o la actual concejal de este mismo partido en Pamplona Amaia Izko, hacían público un acuerdo alcanzado previamente con la Fiscalía y las acusaciones particulares, para admitir todos los hechos imputados a cambio de condenas que permitirán a 45 de los 47 evitar la cárcel y a los otros dos cumplir solo unos meses. Sobre las implicaciones de dicho acuerdo hablamos con el histórico militante de la izquierda abertzale y teórico marxista Iñaki Gil de San Vicente.

—Para comenzar, Iñaki, podrías explicar brevemente, para el público que no lo conoce, ¿qué se estaba juzgando en este macroproceso, denominado Sumario 11-13?

—Es adecuado comenzar respondiendo a esto, porque realmente lo que se juzgó fue la actividad de cuarenta y siete personas en defensa de derechos muy básicos de los presos y presas vascas, que el Estado español ha vulnerado sistemáticamente. El derecho a la salud, a una alimentación adecuada, a no estar aislados, a la educación o a estar lo más cerca posible del territorio vasco, tal y como admite la propia Constitución española. Es decir, que se juzgó a personas nada más que por defender que se respetaran derechos burgueses elementales negados por el Estado español.

—¿Con qué objetivo, en tu opinión?

—El objetivo inmediato del Estado era acabar con el movimiento de solidaridad con los prisioneros, impidiendo así que  tengan una mínima defensa. Pero había también otro objetivo, que era dañar toda la estructura asociativa de nuestro país, que va mucho más allá de estos colectivos y que conforma todo un movimiento popular que funciona al margen del aparato normativo español. Esto es fundamental, porque en Euskal Herria existe históricamente esta sabiduría que permite comprender que  solo el pueblo puede definir y determinar lo que es el derecho del pueblo. El Estado español quería dar un buen palo a esta capacidad histórica de autoorganización.

— Lo que describes parece una acción incluida en una estrategia de mayor alcance.

—Por supuesto que sí. Cuando se ataca a todos estos colectivos, no solo a los dedicados a defender los derechos de los presos, es porque esto forma parte de una estrategia de contrainsurgencia estatal. Lo que hay detrás es un planteamiento estratégico de contrainsurgencia dirigido por el Estado.

Como en otras muchas ocasiones, este proceso generó una gran ola de solidaridad con los enjuiciados, que se visualizó en una manifestación multitudinaria; pero la sorpresa de muchos ha llegado con el acuerdo por el que todos  admitieron  el relato de la acusación a cambio de evitar la prisión. ¿Cómo se puede explicar lo sucedido?

—Lo primero que hay destacar es que, efectivamente, continúa habiendo un potentísimo movimiento popular de defensa de los prisioneros y prisioneras. Una manifestación con 50.000 personas, organizada con muy poco tiempo, demuestra una gran capacidad de movilización.  Por otro lado, está claro que la reacción posterior de muchísimas personas con las que he podido hablar, y la mía propia, es lógicamente de cabreo, al conocer un acuerdo que evidentemente ya estaba firmado y que se ocultó al pueblo al convocarlo para salir a la calle. Una práctica histórica de la izquierda abertzale, y en realidad de cualquier izquierda revolucionaria, es la de decir siempre la verdad. Obviamente, hay cosas que no se pueden comunicar, pero lo que es inadmisible es engañar al pueblo, movilizarlo para que luego vea que su movilización fue inútil porque ya había un pacto cerrado a sus espaldas.

— ¿En el País Vasco esto ha sido una sorpresa, como ha sucedido fuera?

— Corría algún rumor, aunque lo que sí conviene aclarar es que no es la primera vez, sino la cuarta, que se procede de esta manera. La primera fue con el caso de Unai Romano; la segunda  con el de la Mesa Nacional en 2016, con un trato que fue muy bien explicado y analizado en un artículo que recomiendo a todo el mundo, titulado “El Trato de Argel, la universalidad y Cervantes”. La tercera ocasión fue con otro juicio a responsables de la izquierda abertazle, en el que también se dio un acuerdo en el último momento. En esta ocasión ha tenido el agravante de la convocatoria de manifestación, porque ha habido mucha gente, y yo mismo, que nos sentimos engañados y manipulados.

— ¿Y cuál es la explicación política que se puede dar a esto que está sucediendo?

—Esto tiene que ver con una estrategia de adaptación al sistema que se ha ido imponiendo en los últimos años. Una estrategia que se orienta exclusivamente hacia la vía parlamentarista, evitando totalmente el enfrentamiento con el Estado y también con el Capital, y que se ha manifestado en todo  el proceso de negociación, de entrega de las armas al Estado opresor, de disolución, etc. Esta vía implica también un rechazo explícito al derecho  universal a la rebelión contra la injusticia, reconocido hasta por la Naciones Unidas desde 1948.

—Hay quienes defienden el derecho de los imputados a actuar como han actuado y opinan que es muy fácil criticarles cuando no es uno mismo quien puede ir a la cárcel.

—Yo puedo entender la situación de estos compañeros desde el punto de vista personal, pero lo que corresponde hacer es un análisis político; y desde ese punto de vista hay que decir  que el acuerdo alcanzado tiene unas implicaciones tremendas. No es una simple decisión “táctica”, sino que supone la aceptación de una mentalidad inquisitorial que implica el acto de contrición. Reconocer el pecado, la culpa y asumir el castigo que impone el Poder, que en este caso, para todos menos para dos personas, son dos años de condena que les libran de ir a la cárcel.

Supone, en definitiva, la aceptación  de la autoridad externa -ya esté en el cielo o ya esté en Madrid-. De las leyes del sistema. Esto tiene unas consecuencias políticas inmediatas y muy graves, porque si unos aceptan esta ley, los que no lo hagan, los que sigan siendo rebeldes y defendiendo sus derechos como hasta ahora, quedan vendidos.

— En este sentido que apuntas se ha pronunciado el Movimiento Pro Amnistía y contra la Represión, en un comunicado en el que califican el acuerdo como  “políticamente catastrófico” y advierten que “da por buena la persecución y la criminalización de las organizaciones de la solidaridad”.

—Este acuerdo muestra, definitivamente, que hay dos bloques políticos totalmente diferenciados. El bloque de los que aceptan la ley y el de quienes no lo hacen. En este último se encuentra, por ejemplo Askapena, que no aceptó estos métodos, hizo una defensa política, de ataque y denuncia, como se había hecho históricamente, y así ganó un juicio y su derecho a existir legalmente. Este bloque rebelde, que sigue enfrentándose a la autoridad, queda ahora como siempre ha estado, expuesto ante el Estado español y puede ser golpeado en cualquier momento. Lo más grave es que, del otro bloque, de lo que ya se ha bautizado como Izquierda Abertale Oficial, no se puede esperar ninguna solidaridad, sino un “allá vosotros, o hacéis lo que nosotros hemos hecho o es vuestro problema”.

— ¿Y cómo crees que podrán accionar ante ese panorama los que no admiten la legalidad del Estado español?

—Yo supongo que ese bloque militante tendrá que empezar a crear su propio sistema de defensa jurídica, su propia concepción frente a la estrategia de contrainsurgencia, a desarrollar sus propios  recursos económicos, etc. Tendrá que retomar y mejorar, en definitiva, una práctica histórica  que es incluso anterior a la propia izquierda abertzale y se remonta a la actividad de los comunistas vascos independentistas en los años 20 del pasado siglo XX. Este bloque  tiene toda esa larguísima experiencia histórica para conectar con ella, para aprender,  para imaginar que es lo que se avecina y seguir con ese camino de lucha.

Lo que ya está sucediendo en la situación actual es que cada vez más colectivos manifiestan públicamente que están por esa vía y alejados de la estrategia meramente institucional y parlamentarista de la Izquierda Abertzale Oficial.

 

(Canarias Semanal)

 

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50.000 personas se han manifestado en Bilbao en solidaridad con l@s 47 procesad@s en el sumario 11/13

 

Ante el acuerdo firmado en la Audiencia Nacional española / Espainiako Audientzia Nazionalean sinatutako akordioaren aurrean

 

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