Así son las cifras publicadas por el CGPJ, que han descendido respecto a años anteriores pero que son tan engañosas como alarmantes. De los 29.406 desahucios, 6.915 son derivados de ejecuciones hipotecarias, 21.145 de impagos de alquileres y 1.346 por otras causas. Desde que comenzara el estado de alarma, el confinamiento y las primeras medidas por el COVID, todos los colectivos en defensa del derecho de la vivienda han venido denunciando que es mentira que estuvieran parados todos los desahucios. Y de hecho, durante estos meses no hemos dejado de ver imágenes de policías intentando expulsar de sus casas a familias vulnerables.
Las cifras son escandalosas si tenemos en cuenta que en el periodo de marzo a junio no hubo actividad judicial, y también son una muestra del fracaso del cacareado escudo social, según el cual no debería haber habido ningún desahucio durante la pandemia. Los estragos de la crisis económica derivada son cada vez mayores, la tasa de paro está en índices históricos, la precariedad es cada vez mayor, sigue habiendo desahucios y seguramente se dispararán en los próximos meses.
Gracias a la presión y la denuncia, en diciembre se aprobaron dos Reales Decretos-ley que han fernado temporalmente algunas ejecuciones, pero que no han detenido la sangría, que será más grande cuando se acabe el estado de alarma y estas medidas dejen de tener vigencia. Además, estos decretos permiten indemnizar a los bancos, fondos de inversión y grandes propietarios que se hayan visto «afectados» por esta suspensión de los desahucios. Vamos, que más que medidas sociales se trata de un rescate encubierto al capital inmobiliario.
Preocupante también es el incremento del 17,5% de nuevas ejecuciones hipotecarias. Esto, según denuncia la PAH, es fruto de las triquiñuelas del Tribunal Supremo sobre la abusiva cláusula de vencimiento anticipado y la vigente ley de crédito inmobiliario. Una ley iniciada por Luis de Guindos y concluida por Nadia Calviño, que, con diferentes tiempos, permite al banco ejecutar por la totalidad de la deuda pendiente y concluir el procedimiento con el desahucio de la familia, que como antes, mantendrá con el banco una deuda impagable y de por vida. Y esto, a pesar de la deuda impagada a la sociedad por la banca, el conocido «rescate», que según el banco de España asciende a más de 62 mil millones de euros.
Actualmente se está negociando y elaborando una nueva Ley de vivienda, que supuestamente vendría a ayudar a garantizar este derecho. Pero pocas o ninguna esperanza cabe depositar en un gobierno que de hecho ya se ha desmarcado de toda medida que pueda minar el beneficio de los grandes especuladores.
