El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que presentó Greenpeace junto con Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción. Esto significa que el Tribunal abre la puerta para que comience el primer litigio climático de España contra un Gobierno. El Ministerio de la Presidencia tiene ahora un mes para remitir el expediente administrativo del caso, y a continuación, el Tribunal Supremo nos emplazará para que presentemos la demanda, en la que debemos exponer por qué consideramos que el Gobierno está incurriendo en una grave inactividad frente al cambio climático. El motivo principal es que, diez meses después de que finalizara el plazo fijado por la UE, el Gobierno continúa sin aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) que definan la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, responsables del calentamiento global. Además, por lo que hemos conocido hasta la fecha, los planes del Gobierno para reducir las emisiones en la próxima década, resultan totalmente insuficientes para luchar con eficacia contra el cambio climático, pues están muy lejos de las recomendaciones de la comunidad científica.
Litigios climáticos en otros países
Los litigios climáticos se han multiplicado en los últimos años en todo el mundo: hasta la fecha, se han presentado demandas en, al menos, 39 países. La mayoría se dirigen contra grandes corporaciones, cuya actividad productiva genera gran cantidad de emisiones que aceleran el cambio climático, con consecuencias devastadoras en numerosos lugares del planeta.
Otros litigios, como el que aquí presentamos, se dirigen contra los Gobiernos de los Estados por su inacción ante el cambio climático. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos Gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación URGENDA consiguió una histórica sentencia del Tribunal Supremo en 2020, que condenó al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras. El éxito de este caso ha servido de inspiración para otros muchos que se están tramitando en todo el mundo.
La puerta que hoy nos abre el Tribunal Supremo constituye una oportunidad histórica para conseguir llegar a tiempo de mitigar un cambio climático devastador, ya que nuestro país es uno de los más vulnerables al cambio climático de Europa. La justicia tiene también una magnífica oportunidad de involucrarse en esta lucha de todos y todas, obligando al Gobierno a adoptar políticas más ambiciosas, que garanticen un medio ambiente saludable en el que podamos vivir en condiciones dignas y saludables por muchos años más.
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