el portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández, garantizó que, en virtud de la propuesta de su partido (que forma parte del gobierno), si una empresa como Ferrovial “ha recibido subvenciones, tendría que devolver ese dinero” si traslada su sede en los 10 años siguientes a percibirlo. En su opinión, “la retroactividad es perfectamente posible”, porque “es una ley administrativa”, no penal, y por tanto sólo cuestión de “voluntad política”. “Cualquier partido que se considere patriota debería apoyar esta propuesta”, sentenció Fernández, quien calificó de “inaceptable y del todo antipatriótica” la decisión de Ferrovial, que “no sería nada” sin el dinero de los españoles, puesto que recibió numerosos contratos públicos y se acogió a los ERTE.
El PSOE, sus socios de ejecutivo consideran que no, «que hay un paso largo entre hacer una crítica y cambiar una legislación», y se refugiaron en que la U.E no vería con buenos ojos empresariales la medida propuesta por Podemos.
