El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco está remitiendo a miembros de cuerpos y Fuerzas del Seguridad del Estado (FSE) y a personas ya reconocidas como víctimas de ETA, los dictámenes desestimatorios de sus solicitudes de reconocimiento como víctimas de la ley 12/2016, conocida como Ley de “abusos policiales”. Se admitía que eran muchos los agentes que se estaban intentando colar para favorecerse de la ley pero que él “tenía claro cuál es el objetivo de esa ley: reconocer y defender a las víctimas de la violencia del Estado». Estado que, obviamente, representan los policías en sus distintos cuerpos.
Se llega a la conclusión de que las solicitudes cursadas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco, que describen haber sufrido violencia, agresiones u otro tipo de actuaciones por parte de ETA o de organizaciones de su entorno, “no se hallan incluidas” en el ámbito de aplicación de la Ley de “abusos policiales”.
No obstante, afirma que los hechos referidos por el solicitante (miembro de las FSE) “no contienen los elementos necesarios y suficientes para considerar debidamente cumplidos los requisitos”, tanto formales como sustantivos, exigidos por la Ley 12/2016, de 28 de julio, en orden a declarar su condición de víctima de violación de los derechos humanos, puesto que “no se trata de hechos o violaciones por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado”.
