El gobierno toma el pelo a la población y dice, refiriéndose al emérito, que «todos somos iguales ante la ley»

Sin pudor ni vergüenza, tras votar hace unos días que no se investigara a Juan Carlos, el ministro de Justicia y la portavoz han dicho que todos somos igual ante la ley y con rapidez intentaron desligar al padre del hijo para que la institución no se deslice hacia su final.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, dijo que las instituciones nacidas de la Constitución de 1978 y que rigen el Estado social y democrático de derecho, «están por encima de las personas que en un momento determinado pueden encarnarlas», en referencia al rey emérito.

Por ello, ha trasladado un mensaje de «tranquilidad, serenidad y confianza» en torno a este asunto y ha recordado los principios de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia, también para las altas instituciones del Estado, al tiempo que ha pedido confianza en la Justicia, aunque sea lenta, y en su independencia.

En esta misma línea, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha incidido en que las actuaciones de la justicia suiza se dirigen al antiguo jefe del Estado y «para nada» al actual. La justicia debe ser «igual para todos» y el Gobierno colabora y da auxilio activo a los tribunales cuando así es requerido, ha precisado.

Según Montero, «cada uno responde de manera individual« a lo que los jueces le puedan reclamar y finalmente será la justicia la que se encargará de determinar las eventuales responsabilidades.

Montero ha incidido en que, ya sea en Suiza o en España, el Gobierno defiende la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan y estén donde estén, al tiempo que han destacado el compromiso del Gobierno en la lucha contra la evasión de impuestos.

«Todos somos iguales ante la ley, esto no es una cuestión retórica, es real», según la portavoz, quien ha reiterado que el Ejecutivo colaborará con todos los requerimientos y cuestiones que se le puedan plantear desde la justicia española o desde otros países.

Recordemos que el artículo 56 de la Constitución monárquica dice que:

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2

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