Hoy martes 18 de enero, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que permitirá que el Estado -a través del FROB- pueda tomar el control de la SAREB, el banco malo creado en 2012 que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos y cajas rescatadas durante la crisis. Este cambio legal permitirá al Estado tener mayoría en el accionariado de la compañía y será un primer paso que se completará «no mucho después», con la salida de los accionistas privados y su nacionalización total o mayoritaria.
La medida es consecuencia de una decisión de la Comisión Europea y su oficina Eurostat, en el pasado marzo, que obligaba a España a incluir a la empresa dentro del sector público a efectos contables. Esta decisión convertía una deuda que sobre el papel era privada en pública, elevando la deuda del Estado en 34.570,2 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 117% al 120%, tres puntos porcentuales más.
Estos casi 35.000 millones son el resultado de una deuda inicial de 50.000 millones, que fue utilizada para comprar los inmuebles y activos tóxicos tras la reestructuración bancaria. Dicha cantidad fue pedida mediante bonos que avaló solamente el Estado, librando a los bancos -dueños del 55% de la entidad- de toda responsabilidad sobre ella. Su creador, el exministro de Economía Luís de Guindos, ideó esta fórmula en la que el Estado no supera el límite del accionariado para que la Sareb no fuera considera una empresa pública; pero la Unión Europea declaró que si la deuda está avalada íntegramente por el Estado, debe ser contabilizada como pública.
En su último plan de negocios que va hasta 2027, la Sareb apunta la «imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía», con lo que de nuevo se socializarán (y nacionalizarán) pérdidas, y será la clase trabajadora quien tenga que pagar toda esta deuda.
La Sareb ha sido una de las mayores entidades propietarias de bienes inmuebles en los últimos años. Muchas de sus viviendas, procedentes del rescate bancario, han acabado en manos fondos de inversión -que se han multiplicado en la última década-, los cuales han podido comprarlas a unos precios muy por debajo del mercado. De todas ellas han continuado desahuciando a numerosas familias y personas vulnerables, que no pudieron pagar sus hipotecas o sus alquileres. Sin ir más lejos, hace unos días Sareb dejaba en la calle a un centenar de personas que vivían en una nave en Badalona. Para ellos no ha habido rescate, ni se espera.
Lectura recomendada: entrevista a Manuel Gabarre
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Estas son las leyes y las instituciones democráticas:
Mientras se salvan los negocios de la clase dominante … estas son algunas de las consecuencias, mas de un millón de desahucios, mas miseria, mas dolor, mas represión, depresiones, suicidios… y también mas organización y lucha popular…
