El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo ha declarado ante la Audiencia Nacional que los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils fueron responsabilidad del CNI, un «error de cálculo» del servicio de inteligencia español: «El CNI calculó mal las consecuencias de dar un pequeño susto a Catalunya». Esta ha sido su definición para unos actos terroristas que costaron la muerte de 16 personas y 140 heridos.
Las declaraciones producen en declaraciones del juicio por el caso Tándem, en el que Villarejo señala directamente a Félix Sanz Roldán, quien fue el comandante del Centro Nacional de Inteligencia español el año 2017.
Por contextualizar, aquel era el verano previo a la celebración del referéndum del 1 de octubre, en pleno auge del procés independentista en Catalunya. Aquellos atentados fueron utilizados por diversos medios del régimen para presionar por la no celebración del Referéndum y para ensuciar la imagen del movimiento soberanista catalán.
El presidente del tribunal que juzgó los atentados del 17-A, Alfonso Guevara, vetó toda posibilidad de que el excomisario Villarejo declarara en aquel juicio, aunque lo reclamaran varias de las partes. Hoy, Villarejo se ha podido «sacar la espinita». En su declaración acusa al CNI de trabajar en connivencia con el imán de Ripoll, responsable máximo de aquellos atentados, y quien habría recibido la consigna de «hacer lo que encontrara oportuno» por parte del centro de inteligencia.
El excomisario ya había dado algunas pistas de lo que acabaría diciendo hoy en la Audiencia Nacional. Hace un año, ya detalló cómo intentó infiltrar una fuente marroquí, que avisaba del riesgo de un atentado a Barcelona, pero que el CNI lo rechazó. Aquellos hechos habrían tenido lugar dos años antes de los atentados de Barcelona y Cambrils.
Tras la declaración de Villarejo, algunas organizaciones como ERC han pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Sanz Roldán. Afirman que el Ejecutivo «no puede callar» y exigen «explicaciones inmediatas».
