La investigación de un juzgado de Almería contra la cúpula de la diputación y del PP en la provincia por el supuesto cobro de comisiones por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia arrancó en un juzgado de Barcelona que investigaba a una organización criminal que pretendía introducir droga en España.
Aquel fue el origen. La cooperación policial internacional y la información sobre inteligencia criminal alertaron sobre la existencia de una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico, al tráfico de armas, la extorsión y el blanqueo de capitales. Las intervenciones de las comunicaciones permitieron descubrir que su intención era colar la droga a través de la mercantil Andgar, propiedad de Edgar Andrés García Durango, que en realidad «ejercería como testaferro», según la UCO, bajo las órdenes de quien «realmente resultó ser su administrador, Kilian López», el empresario agraciado con el contrato público de 2 millones de euros que abonó la Diputación de Almería para la compra de material sanitario.
Esta red contaba con dos vías de actividad, una internacional, que consistía en colar la droga a través del comercio marítimo internacional; y otra nacional, que consistió en la explotación de plantaciones de marihuana.Los investigadores descubrieron, gracias a las vigilancias y a los pinchazos, que la organización pretendía introducir en España un cargamento de cocaína procedente de Santos (Brasil), escondido en dos contenedores de café que transportaba el carguero ‘Riogrande’.Algo pasó, los supuestos narcos trataron de cancelar el envío; aun así, los contenedores llegaron al Puerto de Barcelona. Pero lo hicieron vacíos. Ni rastro de la droga. Los agentes de la UCO sospecharon que recibieron un chivatazo.
«Es posible que algo hubiera alertado a la organización de la posible inspección y hubieran decidido tratar de cancelar el envío o incluso retirar la droga».Los investigadores no descartan que los narcos hubiesen recibido ese soplo por parte de algún guardia civil del Puerto de Barcelona, el destino final de la mercancía.Los agentes llegaron a esa conclusión gracias a la información remitida por las autoridades judiciales francesas que lograron reventar el bloqueo sobre Encrochat, el sistema encriptado utilizado por los narcos para comunicarse.Con esa información, los agentes de la UCO pudieron entender quién estaba detrás de la organización y, lo más importante, descubrieron que había miembros de la propia Guardia Civil «a sueldo de la organización criminal».
Colaboraban para introducir droga a través del Puerto de Barcelona a cambio de dinero; en concreto, se cita el caso de un guardia civil con el alias ‘Mister’, que habría estado recibiendo pagos de 20.000 euros para ofrecer su ayuda.
C.SER
