Doce años después del trágico accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, las víctimas denuncian que el Estado continúa sin ofrecer una respuesta política y técnica clara sobre lo sucedido. El siniestro, ocurrido el 24 de julio de 2013 en la curva de A Grandeira, dejó 80 muertos y 144 heridos. A pesar de la sentencia penal que condenó a ADIF y de las advertencias de las instituciones europeas sobre la falta de una investigación independiente, las asociaciones de afectados aseguran que siguen sin obtener justicia.
Jesús Domínguez, portavoz de una de las principales asociaciones de víctimas, lamentó que el Gobierno no haya asumido responsabilidades y calificó de “cobarde” la actitud del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que —según denunció— es el único titular del cargo que no ha recibido a los afectados. “Se nos quiere silenciar, somos incómodos”, afirmó en un acto frente a la nueva estación intermodal de Santiago, donde criticó que ni siquiera exista una placa conmemorativa.
Domínguez también arremetió contra figuras clave de la política española como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, José Blanco o Ana Pastor, a quienes acusa de ignorar deliberadamente las demandas de verdad y reparación. “Nos han ninguneado cinco gobiernos y cinco ministros. Ni PP ni PSOE, ni siquiera Sumar o Podemos, han querido revertir esta situación. Pedimos que se retracten y pidan perdón”, reclamó.
El portavoz no ocultó su indignación al recordar que en las obras del AVE a Galicia se eliminaron sistemas de seguridad como el ERTMS para ahorrar 19 millones de euros. “No sabemos si se lo gastaron en alguna fiesta. Nos preguntamos si la corrupción también mata, porque ese recorte mató a 80 personas”, denunció con crudeza.
Pese a todo, las víctimas han llevado su lucha hasta Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde esperan que se reconozca que no hubo una investigación imparcial, tal y como ya denunció en su día la Agencia Europea de Ferrocarriles.
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