Emilio Hellín, uno de los ultras protegidos

De cómo el PP y el PSOE protegieron durante años a la colonia de ultras españoles refugiados en Paraguay

La que fue en su día directora de la Casa de América, María Asunción Ansorena, fallecida en 2008, protegió durante su etapa en Paraguay (1993-1996) a la colonia de ultras españoles. Entre ellos Emilio Hellín y Carlos García Juliá, los asesinos de la militante del PST Yolanda González, con los que llegó a compartir cacerías y festejos en la Embajada.

Ansorena, que nada más tomar posesión de su cargo afirmó que “quiero que los empresa­rios tengan más presencia en Casa de América”, es una protegida del actual embajador del PP en la ONU, Chenchu Arias, que fue jefe de la OFicina de In­formación Diplomática en la época socialista. Ansorena co­menzó su carrera diplomática en 1979, con una breve estan­cia de año y medio en Senegal, que ha borrado de su curricu­lum profesional, de donde pa­só directamente a la OID. Ja­vier Solana la nombró embaja­dora en Paraguay.

La Casa de América, desde la llegada del PP al Gobierno de Madrid, se ha convertido en una plataforma para la promo­ción de los personajes y las asociaciones más derechistas de América Latina. Cuando Jo­sé María Aznar alcanzó el po­der en 1996, destinó a uno de sus hombres de conFianza, Guillermo Gortázar, diputado nacional y miembro de la eje­cutiva del PP, para alentar y pa­trocinar a las asociaciones más derechistas de Latinoamérica, empezando por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que dirigía el anticastrista Mas Canosa, muerto hace en 1998, y al que se le ofreció l0a Casa de América como escenario para su desembarco en España.

Canosa recibió, además, la empresa de telecomunicacio­nes Sintel, con 4.000 trabajado­res, que iba a ser una tapadera de su actuación en el Estado español. Sintel tenía un contra­ to de oro con la Telefónica de Juan Vilialonga, que debía deservir para Financiar las activi­dades de Canosa. José María Aznar recibió el apoyo político y Financiero de Jorge Mas Ca­nosa y la FNCA durante su campaña electoral para los co­micios del 12 de marzo de 1996. Posteriormente, las exi­gencias de Mas Canosa, y final­mente su muerte, hicieron va­riar la estrategia de Aznar y de la Casa de América hacia el mundo empresarial, tanto en Cuba como en toda Latinoamé­rica.

El Consejo Rector de la Casa de América está formado por Asuntos Exteriores, CAM y Ayuntamiento de Madrid. Ma­ría Asunción Ansorena, que fue también subdirectora general para México, Centroamérica y Países del Caribe, nombró después subdirector de Tri­buna Americana a Juan María Alcina, que trabajó con ella en la OID, y a la esposa del mi­nistro portavoz del gobierno Pío Cabanillas, Ana López Alonso, subdirectora del Ate­neo. Ana López fue directora de comunicación de El País-Aguilar.

Asunción Ansorena sustitu­yó en la embajada del Estado español en Asunción (Para­guay) a Eduardo Cerro, que fue destinado en 1993 a La Ha­bana (Cuba), y que durante muchos años cerró también los ojos a la evidente presen­cia en Paraguay de Emilio Hellín, José de las Heras, Carlos Julia y José María Morcillo, cuatro ultras buscados en el Estado español por asesinato.

Ni la embajada, ni la Policía, ni el CESID, ni la Interpol hicie­ron nunca nada por encontrar a estos personajes. Sólo en 1989, cuando la revista “Inter­viú” denunció que el asesino de Yolanda González estaba en Paraguay viviendo tranqui­lamente, se puso en marcha la lenta y complicada maquinaría judicial española para conse­guir su extradición, dada la evidencia de las pruebas.

De cacería con ultras

“Susi Emperatriz» era famosa en Paraguay por haber inte­grado a la extrema derecha exiliada, dejándoles asistir a las fiestas y actos de la embajada. Eduardo Cerro, el anterior embajador, por lo menos hacía las reuniones sociales en un hotel, y así los ultras no entra­ban en la embajada”, afirma un funcionario español que lleva muchos años trabajando en este país latinoamericano. Los ultras estuvieron, por ejemplo, en el funeral que se organizó, en 1993, en memo­ria del Conde de Barcelona, Juan de Borbón, el padre del Rey.

Asunción Ansorena era famosa en Paraguay por haber integrado a la extrema derecha exiliada y haberles dejado asistir a las fiestas y actos de la embajada.

Pero lo más grave es que la embajadora Ansorena estuvo en la finca Ranchos y Estan­cias, con sus dos hermanas y sus respectivos maridos, invi­tados por los ultras a una cace­ría durante el verano de 1993. Una de las hermanas de “Susi Emperatriz” está casada con el representante de la empresa Entrecanales y Tavora en Para­guay. Diversas fuentes afirman que los ultras españoles Solé, Colomé y José de las Heras son los dueños de la finca donde se realizó la cacería y en la que ellos mismos estu­vieron presentes atendiendo a sus distinguidos huéspedes.

La embajadora española era entonces muy amiga y salía, a menudo, de compras, con la embajadora peruana, Luzmila Ikisawa, que tenía en el juzga­ do número 24 de Asunción una demanda de cinco millo­nes de dólares por tráfico de bebés para los matrimonios norteamericanos que llegan cada fin de semana a comprar niños.

Precisamente, el entonces secretario de la embajada, Fer­nando Curzio, que presumía de ser simpatizante de Ricardo Ynestrillas -el ultraderechista español que fue absuelto de la muerte del dirigente de H.B. Josu Muguruza-, fue objeto de un infonne intemo de Ministe­ rio de Asuntos Exteriores es­pañol a la embajada en Para­guay por el exceso de pasa­portes que se daban en aquel país, donde sólo existe una colonia española de tres mil personas.

“El canciller de la embajada, Francisco de Blas, jugaba a los chinos y a las cartas con Hellín, José de las Heras y los de­más ultras. El consulado espa­ñol estuvo ayudando econó­micamente durante años a la hija de Hellín, pero no hizo ni una pesquisa para embargar sus bienes y pagar la indemni­zación dictada por los jueces españoles a favor de los pa­dres de Yolanda González. «Hellín era socio de la hija del general Francisco Sánchez, je­fe de la Policía de Paraguay, La Negra, y del ministro Saquet”, afirma un español residente en Paraguay.

Oscura biografía

José de las Heras Hurtado, abogado de 51 años, fue presi­dente del Frente de la Juven­tud, brazo juvenil de Fuerza Nueva. Su biografía está reple­ta de incidentes y trazos oscu­ros. En 1965 era subinspector de Policía, cargo que compa­ginaba con el de miembro de Defensa Universitaria, en la Facultad de Derecho. Expulsa­do de la Policía, se convirtió en la mano derecha de Alfon­so de Borbón.

José de las Heras, que huyó del Estado español en noviem­bre de 1984, cuando iba a ser juzgado por la colocación de una bomba en el madrileño barrio de Malasaña, donde murió la joven Salomé Alonso, se refugió en la colonia ultraderechista española de Para­guay, a la sombra de la dicta­dura del general Stroessner, que le dio cobijo. Fue José de las Heras el hombre que acu­dió a Brasil a esperar a Emilio Hellín, cuando se fugó en fe­brero de 1987, y le ayudó a re­fugiarse también en Paraguay, donde se estableció tranquila­mente bajo el nombre de Emi­lio Moro, su segundo apellido.

Durante la década de los años ochenta, una serie de españoles muy conocidos en Pa­raguay propiciaron la llegada de los ultras exiliados. Entre esos protectores destacan per­sonajes como Alejandro Torrejón. que fue apoderado del Banco Exterior en aquel país, de donde se marchó tras un in­cidente en el que fue acusado de haberse quedado con ochocientos mil dólares que un cuñado suyo le había dado para que se los ingresara.

Cuando su cuñado fue a reco­gerlos, alegó que no sabía na­da. Durante su etapa de estu­diante fue también de Defensa Universitaria, como José de las Heras.

Amigos y protectores

Otro decidido simpatizante de los ultras fugados fue Federico Monreal Luque -hermano del ex ministro de Comercio Al­berto Monreal- que se marchó del Estado español tras la crisis del Banco Coca. Otros ultras establecidos en Paraguay -donde siguen la mayoría- son: José Colomé, instalado en Puerto Casado; Juan García Vinuesa; Juan Beneyto, repre­sentante de un Banco de las Is­las Caimán, Manolo Morales, “El Facha”, comerciante de pescado y mariscos; Gilberto Menoyo; Nani Benítez de Lu­go; y Manuel Yáñez, ex repre­sentante de Iberia, que gozó de pasaporte diplomático pa­raguayo.

Ramón del Río, que entró en la cárcel paraguaya, condena­do a seis años por haber mata­do a tiros a su secretaria y amante, fue el que hizo los pri­meros contactos con las altas esferas del Gobierno de Stroeesner, a finales de los años se­tenta, para albergar y proteger a los ultras que tuvieron que huir del Estado español, acusa­dos de «actos terroristas”. El grupo de ultras dirigido por José de las Heras estaba acusado de la muerte de Car­los Javier Idígoras Navarrete y del mendigo Luis Anibas Santamaría. Así como de las bombas enviadas al Club Amigos de la Unesco, en Madrid, la Asociación de Derechos Humanos, la CNT y en la plaza de Olavide en las fiestas de 1981, y otros ocho atentados más contra librerías.

El grupo de Heras fue acusado por dos muertes y las bombas contra el club de amigos de la Unesco, un grupo de Derechos Humanos, la CNT y ocho librerías. Emilio Hellín se fugó de la cárcel de Alcalá de Henares a los pocos días de su detención, en febrero de 1980, por el asesinato de Yolanda González

De las Heras fue detenido el 26 de julio de 1981, junto con Leocadio Jiménez Caravaca (implicado en la matanza de Atocha), Rafael Gómez Alvárez, Ramiro Alejandro Rodríguez Borlado, Tomás Antón Torregrosa (fallecido), Joaquín López Martínez, Pedro de Haro Pavón, José Luis Saez Alónso y Jesús Javier Blanco García, que ya estaba en prisión.

La Policía no pudo detener, sin embargo a otros dos implicados: Pedro Bel Fernández, y a Iñigo Aragonés Sampedro. De las Heras fue puesto en liber­tad a los diez días, tras abonar la fianza de cuatrocientas mil pesetas. El 17 de junio de 1983 se revocó la libertad provisio­nal y volvió a la cárcel. El 5 de julio solicitó, de nuevo, la li­bertad provisional, tras la muerte de una de sus hijas. Se le concedió bajo fianza de un millón de pesetas, pero ya no volvió nunca a presentarse an­te el juzgado.

Posteriormente el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional le abrió diligencias previas, en abril de 1984, por robo con in­timidación. En agosto de 1984, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dictó, además, la bus­ca y captura de José de las Heras, por el presunto asesinato del jefe de seguridad de Fuer­za Nueva. La huida del dirigen­te ultra impidió que pudiera esclarecerse este crimen, ins­truido en el sumario 89/82 de la Audiencia Nacional. Según miembros de Fuerza Nueva, Heras contrató a un tal Alex para matar al jefe de seguridad de Fuerza Nueva. La Policía cree que Alex está en México y trabaja de taxista, pero nadie le ha buscado tampoco.

No se presentó

José de las Heras no se presen­tó el 16 de enero de 1984 en la Audiencia Nacional, donde iba a ser juzgado por la colocación de una bomba en el bar El Parnasillo, en el barrio madrileño de Malasaña, donde resultó muerta una joven, Salomé Alonso. Con él iban a ser juz­gados Ramiro Alejandro Rodríguez Borlado y Rafael Gómez Alvárez, ya condenados ante­ riormente a treinta años por la bomba que enviaron al perió­dico “El País» y que mató a dos empleados del diario.

Cristina Almeida, abogada de la acusa­ción particular, manifestó que había visto a José de las Heras cinco días antes en la magistratura de Trabajo. El fiscal solicitaba para el ul­tra una pena de seis años de prisión como autor de un delito de colaboración con banda armada, acusándole de que, entre 1978 y 1981, puso en contacto a dos ultras con un tercero, ya fallecido, que fue el que facilitó los explosivos.

Cristina Almeida calificó a Heras como el auténtico jefe de la banda y pidió que se le condenara a 163 años por varios delitos de asesinato y estragos. El abogado defensor señaló que Heras había pedido los explosivos a un amigo que trabajaba en una cantera, para volar una roca. Mientras se celebraba el juicio, José de las Heras se instalaba tranquilamente a vivir en Asunción (Paraguay),

En 1985, otros tres ultraderechistas españoles se refugiaron en Paraguay. José Manuel Peña, Ramón Francisco Gismero y Anuro Barea estaban acusa­dos por la Audiencia Nacional de veinte delitos cometidos en Madrid y Valencia entre 1979 y 1981, entre los que destacaban el atraco a una peletería madrileña, un coctel molotov contra el bar Sijo de Valencia y diver­sas extorsiones a dueños de pisos, a los que reclamaban el impuesto revolucionario.

El abogado José Emilio Gorostiada, defensor de los tres ultraderecliistas españoles, re­fugiados en Paraguay, solicitó ese mismo año que se recha­zara la petición de extradición solicitada por el juez Ismael Moreno Chamorro, del Juzga­do Central de Instrucción nú­mero tres de la Audiencia Na­cional, alegando que se trataba de perseguidos políticos.

Hellín, localizado

El ultraderechista Emilio Hellín se fugó de la cárcel de Alcalá de Hleñares a los pocos días de haber sido detenido, en febre­ro de 1980, por el asesinato de Yolanda González, nada más ingresar, pero fue detenido poco después, cuando intenta­ba escapar en un coche robado a punta de pistola. Conde­nado a 47 años, el 20 de febre­ro de 1987, el juez Donato An­drés Sanz le dio permiso para pasar el fin de semana fuera dla cárcel de Zamora, pero Hellín no volvió, fugándose tran­quilamente a Portugal, con su propio pasaporte. Desde allí viajó a Brasil, donde le recogió José de las Meras y lo llevó, en coche a Paraguay.

Detenido por la Interpol en 1989, a raíz de los reportajes publicados en una revista, Emilio Hellín, fue extraditado al Estado español el 22 de sep­tiembre de 1990. Nada más lle­gar a la cárcel acusó a la Policía española de no haber in­vestigado la muerte del miem­bro de la extrema derecha Mi­guel Fuentes, el 23 de febrero de 1984. Fuentes era un confi­dente de la Guardia Civil, ex­perto en electrónica, al que Hellín puso en contacto con narcotraficantes colombianos para infiltrarse como confidente.

Para evitar la extradición de Paraguay, Hellín se autoacusó de ser bigamo y tener un hijo con la paraguaya Inés Flecha, pero la Corte Suprema de Jus­ticia de Paraguay confumó la extradición de Hellín, y el ge­neral Andrés Rodríguez, que había derrocado al general Stroessner, para convocar elecciones generales, no tuvo más remedio que autorizar la entre­ga a las autoridades españolas. En 1995 pidió pasar al tercer grado.

 

(Rafa Viguera)

 

  • Cabe recordar que Emilio Hellín, uno de los asesinos de Yolanda González, es hoy colaborador de la Policía Nacional y la Guardia Civil en materia de peritajes y policía científica.
  • Este reportaje fue publicado en el nº9 del año 2000 de la revista Ardi Beltza.

 

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