El pasado 11 de diciembre fue aprobada en el Parlamento Vasco Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo con los votos del PNV y el PSE. Mientras esto sucedía dentro, en la calle, frente al Parlamento se llevó a cabo una concentración contra la mencionada ley. La protesta fue convocada por el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria.
Cabe subrayar que EH Bildu y Sumar votaron en contra, y eso está bien. Lo que sucede es que esa actitud conlleva hipocresía a raudales. Y es que resulta que su comportamiento en la CAV fue muy diferente al de Nafarroa. Aquí contribuyeron a aprobar con sus votos una ley muy similar a la de la CAV. Puro comportamiento electoralista. En Nafarroa son socios del gobierno del “cambio”; en la CAV, EH Bildu aspira a gobernar desbancando al PNV.
El compañero Iker, portavoz del Sindicato Socialista, lo explica de esta didáctica manera:
Que las recientes medidas del PNV y el PSE en la CAV favorecen a la patronal inmobiliaria es una obviedad. Pero es que en Navarra, estos dos partidos aplican medidas similares con el apoyo de sus dos socios «del cambio», que denuncian en la CAV lo que celebran en Navarra.
Una de las medidas que más han criticado EH Bildu y Sumar es la reducción del número de VPO de las promociones urbanísticas del 75 al 60 %. En Navarra, en 2022 este porcentaje se redujo del 70 al 50 %, pudiendo rebajarlo en algunos casos al 30 % (Ley Foral 10/2022).
Otro punto habitual de la crítica es el de las subvenciones directas a promotoras y constructoras. En la CAV, estas ayudas van desde 18.000 hasta 45.000 euros por cada vivienda en régimen de arrendamiento asequible (Orden del Consejero de Vivienda del 14 de octubre de 2022).
En Navarra, las ayudas son de entre 15%-25% del precio máximo de venta en el caso del arrendamiento asequible, y hasta el 35 % en las VPO de alquiler (Ley Foral 9/2025). Por una vivienda de 160.000 euros, hablamos de subvenciones de entre 24.000-40.000 (y hasta 56.000) euros.
Y aunque no lo dicen explícitamente, los cambios normativos en materia de vivienda buscan salvar a parte de las clases medias mientras dejan fuera a los sectores más empobrecidos. Como muestra, el empadronamiento. En la CAV añaden el requisito de 3 años para acceder a una VPO.
En Navarra, en 2016 eliminaron la puntuación por empadronamiento del baremo para la adjudicación de una VPO, alegando que era discriminatorio (Ley Foral 22/2016, primera imagen). En 2022 lo volvieron a introducir sin dar ninguna explicación (Ley Foral 20/2022, segunda imagen).
Y en 2025, en el caso de las VPO de alquiler, han sustituido el sistema de baremo por un sorteo, de forma que la «necesidad acreditada de vivienda» deja de puntuar. En el fondo de estos cambios asoma el extendido mantra racista de que «las VPO se la llevan los de fuera».
En resumen, debemos señalar al PNV y al PSE por poner la alfombra roja a constructoras y rentistas, pero también se debe señalar la hipocresía de partidos como EH Bildu y Sumar/Contigo-Zurekin, que por electoralismo critican en un sitio lo que apoyan en el otro.
Noticia relacionada:
