DARÍO HERCHHOREN. Adhesión a la rebelión

En una extraña pirueta, los criminales acusan a sus víctimas de ser criminales. Esto ocurrió durante la dictadura franquista en España, y acaba de ponerse en práctica en la ensangrentada y martirizada Bolivia.

Estamos asistiendo a un nuevo intento de falsificar la historia, que es como las clases dominantes moldean el pensamiento de los pueblos que someten. De esa manera intentan borrar la conciencia de clase de los oprimidos, crear la sensación de que todos mienten y que se han cometido abusos por parte de todas las partes del conflicto de clases.

Pero la historia del fascismo en Bolivia viene de larga data. En las décadas del 40, 50 y 60 existió en Bolivia un movimiento político, que luego se transformó en partido y que se llamó Falange Socialista Boliviana (FSM), a cuyo frente estaba Mario Gutiérrez, un abogado proveniente de una familia acomodada de Santa Cruz de la Sierra, uno de los nueve departamentos en que se divide la nación boliviana.

Para mejor entender la situación de Bolivia hay que decir que el país está dividido en nueve departamentos y que su población es en un casi 80 por ciento de origen quechua o aymara, que son las etnias indígenas sobrevivientes de la colonización española, y que en Bolivia fue particularmente cruel por la existencia en su subsuelo de oro y plata en abundancia. Baste decir que la mina de plata de Potosí sigue dando plata a pesar de su sobreexplotación en tiempos coloniales. El actual territorio boliviano formaba parte del imperio inca junto al territorio peruano y tanto los quechuas como los aymaras, se mezclaron totalmente, a pesar de lo cual sus respectivos idiomas se mantuvieron separados, ello sin perjuicio de que en el lenguaje cotidiano se usen expresiones de uno u otro en forma indistinta. En el norte argentino, lindando con Bolivia, el quechua es una lengua muy difundida, y tanto es así, que en tiempos de Perón el boletín oficial del estado, tenía una edición en quechua, cosa que por cierto los gobiernos «democráticos» posteriores eliminaron.

En el departamento de Santa Cruz de la Sierra, que es el que está más al sur de Bolivia, y que linda con Argentina, y al este con Paraguay, está asentada la gran oligarquía criolla boliviana, que está muy ligada a las grandes operaciones de venta de cocaína, con negocios mineros y petroleros, y con la ganadería vacuna. Esta oligarquía está muy influida por la oligarquía salteña (de la Provincia de Salta en Argentina), y responde a sus mismos patrones sociales y económicos, formando un  poderoso bloque de resistencia a cualquier cambio social. Sus miembros se hacen llamar «cambas», por oposición a los collas o coyas, de origen indígena, y sienten un profundo desprecio por los indígenas a los que consideran una «raza inferior».

De ahí al fascismo hay un paso corto, y es allí donde Mario Gutiérrez tenía sus mayores apoyos, y son estos «cambas» los que apoyaron el golpe. Su ideal de vida es parecerse cada vez más a las grandes familias y fortunas norteamericanas. Un dato interesante: luego de la dictadura del general Banzer Suárez, hubo unas elecciones amañadas, que ganó Sánchez de Lozada, un boliviano educado en los EEUU, y que al momento de asumir la presidencia apenas si podía expresarse en castellano. Sánchez de Lozada ha vuelto otra vez y está junto a los golpistas.

La represión es tan formidable contra las clases populares bolivianas que la OEA, un organismo podrido al servicio de los EEUU, ha abierto la boca por primera vez para pedir que la represión no fuera tan brutal.

Pero lo más curioso de todo esto es que una ministra del nuevo gobierno fascista ha amenazado a los periodistas que cubren los acontecimientos con encarcelarlos por difundir «noticias falsas», y que la nueva presidenta haya amenazado a los diputados y senadores del MAS (Movimiento al Socialismo) que es el partido de Evo, y ampliamente mayoritario, con procesarlos y encarcelarlos por rebelión y sedición. Igual que en la España franquista y fascista surgida de la guerra civil y, ¡otra curiosidad!, la misma acusación que llevó la fiscalía española contra los políticos catalanes que ahora están ya condenados.

 

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