El escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía ha indignado a la calle, y con razón: la Junta reconoce unas 2.000 mujeres que no fueron informadas a tiempo de hallazgos dudosos en sus mamografías. La presión social ha forzado la dimisión de la consejera el 8 de octubre y un supuesto plan de choque para revisar todos los casos antes del 30 de noviembre.
Pero lo único con lo que todo esto choca es con las promesas de Juanma Moreno para ganar las elecciones: acabar con las listas de espera, respuesta en 72 horas en Atención Primaria y “demora cero” en oncología. Además de la supuesta “garantía” de 30 días para iniciar tratamiento en varios cánceres, incluido el de mama, según el Decreto 96/2004. La realidad que aflora con el cribado desmiente ese marketing y evidencia que el problema no es pagar impuestos para tener sanidad, sino entregarles esos impuestos a ineptos y lacayos de la privada.
Encima, la Junta negó derivaciones a la privada en mamografías mientras mantiene desde 2021 un contrato de 5,4 millones para externalizar parte del programa “por falta de medios propios”. Pero no nos engañemos: la puerta a la privatización no la abrió el PP ayer. En Andalucía se cimentó durante los gobiernos del PSOE con décadas de conciertos, y en España se facilitó con la Ley 15/1997 apoyada por PP y PSOE.
No basta con cambiar de siglas: la sanidad pública es un derecho de la clase trabajadora; hay que defenderla, organizarse y luchar por ella. Pero el único modo de salvarla será mediante un cribado del pueblo que acabe con la parasitaria sanidad privada. Y con los politicuchos vendidos a su servicio.
