COLOMBIA se desangra. Realizan movilizaciones y convocan paro para exigir el cumplimiento de los acuerdos de Paz

El incumplimiento de los acuerdos asumidos por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana es más que evidente. Es el Gobierno quien no acaba cumplir con su compromiso, ya que la otra parte, la ex guerrillera sí que lo ha hecho. Es por eso que numerosas organizaciones políticas, campesinas étnicas y afrodescendientes, han iniciado una agenda de movilización y protesta en Colombia.

Una de las movilizaciones ya realizadas fue la toma, ayer, jueves, de la sede del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta se llevó a cabo de manera pacífica, permanente e indefinida por integrantes del Congreso de los Pueblos, el Consejo Comunitario de Alto y Frontera, la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Movimiento Ríos Vivos, entre otras organizaciones, ante la situación de arremetida contra líderes sociales que desde el 2016 y hasta julio de 2017, suma el asesinato de más de 180 líderes y lideresas, así como el desplazamiento forzado bajo amenaza de muerte de otros 500, según datos de la Defensoría de Colombia.

Con igual objetivo, también está anunciado un paro nacional para el próximo 23 de octubre. Esta convocatoria la ha realizado la organización Marcha Patriótica, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) y la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) del Catatumbo.

El desconocimiento de lo pactado en materia de sustitución consensuada de cultivos de usos ilícitos se expresa en la erradicación forzada de 25 mil hectáreas de hoja de coca anunciada por el Ministerio de Defensa, lo cual ha generado la movilización campesina, registrando en Tumaco, Nariño, el asesinato de 14 campesinos e indígenas desde el pasado 5 de octubre, quienes exigían la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) producto de lo pactado en la Habana con las FARC.

Poco después de lo sucedido en Tumaco, denominado como una masacre de campesinos e indígenas, fueron ultimados 6 militantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ex-guerrilleros que habían asumido el proceso de paz y estaban en plena reinserción.

 

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