Asesinan a dos ex rebeldes de las FARC-EP
El senador colombiano del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Carlos Antonio Lozada, denunció este domingo el asesinato de Marcial Macías, en la región del Cauca, y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán, Caquetá, exguerrilleros de las FARC-EP.
Con estos últimos decesos, los asesinatos de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) ascienden a 236, tras el acuerdo firmado en La Habana en 2016.
A través de sus redes sociales, el partido FARC lamentó profundamente el asesinato de sus compañeros, quienes pusieron sus sueños, trabajo y vida en la construcción de la nueva Colombia.
“Nos solidarizamos con su familia y les garantizamos que acá estamos y seguiremos luchando hasta lograrla, por la paz para todos”, indicó.
Ambas regiones se encuentran entre las más afectadas por la ola de violencia que registra el país sudamericano este año y que se traduce en al menos 69 masacres – o asesinatos de tres o más personas en un mismo evento – consignadas por el observatorio independiente Indepaz.
El doble asesinato se produce cuando este domingo se cumple en Colombia el cuarto día de la «Peregrinación por la vida y la paz», encabeza por exrebeldes, desmovilizados.
Decenas de excombatientes marchan desde el Meta hasta Bogotá, a fin de que les respeten la vida a los firmantes del acuerdo.
Los desmovilizados de las FARC-EP buscan llegar a la ciudad capital de Colombia para exigir al gobierno de Iván Duque el cese de la violencia y el cumplimiento del compromiso alcanzado en 2016 que puso fin al conflicto armado.
El acuerdo también incluye la reforma rural integral, la profundización de la democracia, la atención integral y efectiva de las víctimas de la violencia, las garantías de no repetición y la lucha integral contra el narcotráfico y la corrupción.
Según informó la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra, más de 470 líderes y lideresas sociales, así como excombatientes, han sido asesinados en diferentes regiones del país desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016.
A propósito del tema, este domingo se realizó una audiencia pública a la que estaban citados nueve altos funcionarios del Gobierno Nacional. El objetivo del encuentro es verificar el cumplimiento de las órdenes de la Sección de Ausencia de Reconocimiento en Colombia para garantizar la seguridad de los excombatientes.
Nueva masacre se cobra la vida de 5 personas
Las autoridades colombianas reportaron este domingo el asesinato de cinco personas en una aldea de Calle Nueva, ubicada entre los municipios de San Benito Abad y San Marcos, en los límites de Sucre y Córdoba.
Miembros de la Fiscalía General, la Policía y la Fuerza Armada acompañan al equipo que investigará el crimen, en el fueron asesinados cuatro campesinos y el abogado que los representaba en un proceso de reclamación de tierras.
Los hechos ocurrieron este sábado en la noche, pero solo hasta este domingo el Ejército pudo confirmar las denuncias de algunos vecinos del sector, hasta donde se trasladó una tropa de esa institución. Los cuerpos serán evacuados en helicóptero debido a que se encuentran en una zona de difícil acceso.
La Policía de esa región informó que adelantan operaciones militares y policiales, coordinadas y conjuntas, con el fin de proteger a la población de la región.
En días recientes, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado advirtió que desde 2018 grupos paramilitares se han fortalecido en Sucre y en la región de los Montes de María y amenazan de muerte a líderes sociales y organizaciones de derechos humanos.
Según los registros, más de 240 personas han muerto en 60 masacres en el país suramericano en lo que va de año. Los asesinatos de este sábado se suman a la oleada de violencia que se ha vivido durante este año en Colombia y que ya preocupa a órganos internacionales defensores de paz y derechos humanos.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió a principios de octubre un informe donde se hace alusión a 42 casos verificados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
(TeleSUR)
