COLOMBIA. La JEP niega la extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos y ordena su libertad /Dimite el Fiscal General

La conclusión de los magistrados de la JEP es que el exjefe de las Farc no será entregado a la justicia estadounidense pues está amparado por la garantía de no extradición y porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de los supuestos hechos.

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz acaban de proferir una decisión que tendrá implicaciones internacionales y generará una inmensa polémica nacional: impedir que el exjefe de las Farc, Jesús Santricht, sea entregado a la justicia estadounidense que lo reclama por supuestamente liderar una conspiración para exportar cocaína a ese país. Santrinch, quien depuso las armas en el marco del proceso de paz, fue capturado por la Fiscalía “con fines de extradición” en abril de 2018 y desde entonces aguardaba a que la JEP decidiera sobre su pedido de extradición.

Con tres votos a favor y dos en contra la JEP determinó que mantiene la garantía de no extradición que ampara a Santrich. Esta condición –pactada entre el Estado y la extinta guerrilla– blinda a todos los excombatientes de las Farc e implica que ninguno puede ser extraditado por delitos cometidos previos a la firma de la paz. La garantía de no extradición únicamente es revocable cuando se presenten reincidencias o nuevo delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz. Este fue precisamente el debate en que estuvo incurso el caso Santrich por más de un año.

La justicia gringa y la Fiscalía de Colombia argumentaron que los presuntos hechos por los que fue capturado el exjefe de las Farc son posteriores a la firma del acuerdo de paz (noviembre de 2016). A la JEP, por su parte, le correspondía verificar que efectivamente la fecha fuese posterior a ese momento. Y para ello el tribunal de paz solicitó a Estados Unidos copia del expediente y de las evidencias, una solicitud atípica a la luz de trámite de extradición tradicional en el que la justicia colombiana se limitaba a hacer una verificación apenas formal y apegada únicamente a los documentos con que la justicia gringa solicitaba formalmente a un nacional en extradición.

Vea video: El momento en que Santrich es capturado

Primero se dijo que la JEP no tenía competencia para decretar pruebas. El debate de hasta dónde podía ir la JEP en el cumplimiento de su misión de verificar la fecha fue candente. En el Congreso y en los medios de comunicación se dieron argumentos en pro y en contra. Finalmente, la Corte Constitucional, a través de dos fallos específicos sentenció que la JEP sí podía decretar pruebas en función de verificar la fecha para así determinar si levantaba o mantenía la garantía de no extradición.

A esto sobrevino el extravío de la carta de la JEP solicitando a Estados Unidos colaboración. Hubo varios días de polémica porque la misiva, enviada por 4-72, terminó en Panamá. Y finalmente se dio la respuesta negativa de Estados Unidos alegando que la autonomía de su justicia impedía la posibilidad de compartir pruebas que estaban reservadas para el proceso penal en ese país. Fue así que la JEP se vio abocada a tomar una decisión con los pocos elementos disponibles. Y justamente esa situación explica en buena parte la determinación de mantener –en favor de Santrich– la garantía de no extradición.

Pero esa no fue todo. La JEP en su veredicto decidió compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue la actuación de la Fiscalía General dadas las «irregularidades advertidas a lo largo de la providencia». En el auto que resuelve la situación del exjefe guerrillero, los magistrados cuestionaron duramente la actuación de la DEA y señalaron que los agentes adscritos a esa agencia estadounidense habrían delinquiendo en Colombia.

«Respecto a la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witek se constataron serias irregularidades, por cuanto la Fiscalía no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera y al responderle a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos cooperantes, argumentando que estos intervinieron como particulares», argumentaron los magistrados durante la lectura de la decisión.

El fiscal de Colombia dimite tras la orden de liberación de Santrich

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El fiscal Néstor Humberto Martínez, en abril pasado. Getty
La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar este miércoles la libertad inmediata de Jesús Santrich,  excomandante de las FARC pedido en extradición por Estados Unidos señalado falsamente de narcotráficante, ha provocado un terremoto político de consecuencias imprevisibles en Colombia. Pocos minutos después de que se conociera la decisión del sistema de justicia transicional, el controvertido Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó su “renuncia irrevocable”.En un caso de profundas ramificaciones, la sección de revisión de la JEP anunció antes del mediodía que decidió aplicar la garantía de no extradición contemplada en los acuerdos de paz a Seuxis Paucias Hernández Solarte, el nombre legal de Santrich.A los pocos minutos, Martínez presentó su dimisión. “Se abrió una puerta falsa para restringir la extradición”, declaró el fiscal al señalar que la sección de revisión del tribunal para la paz adoptó una decisión que “desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía”. Martínez se aseguró de subrayar vehementemente que a su juicio “las pruebas son concluyentes, inequívocas”, y que el dictamen de la JEP “hace trizas la cooperación judicial internacional”. “Ese desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito”, concluyó con dramatismo. Para empeorar el vacío institucional, la vicefiscal María Paulina Riveros, la llamada a remplazarlo mientras se elige un nuevo fiscal, también dimitió.

La oposición ha pedido en reiteradas ocasiones la renuncia de Martínez, a menudo asediado por presuntos conflictos de interés en el caso Odebrecht. El también exministro ha cultivado desde el ente investigador un perfil de mano de hierro y aireado con frecuencia sus reparos al acuerdo de paz. Enfrentado en diversos frentes con el sistema de justicia transicional, Martínez ha encontrado en el caso Santrich una fuente de fricciones permanente por la diferencia de interpretaciones acerca de las facultades del tribunal. Mientras la fiscalía sostiene que la JEP únicamente puede certificar la fecha en que ocurrieron los presuntos delitos, el tribunal invoca potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición y evaluar la conducta.

Santrich, que siempre ha asegurado ser víctima de un “montaje judicial”, lleva poco más de un año detenido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, a la espera de una decisión, después de que un juzgado de Nueva York lo acusó de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Su captura ha tensado desde entonces la implementación de los acuerdos sellados a finales de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido político con diez escaños en el Congreso.

La garantía de no extradición no implica que los señalamientos se queden sin investigar y las “autoridades judiciales nacionales” deben ahora “definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente”. El dictamen concluye que juzgar a Santrich en Colombia “es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público y posibilitar el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

La largamente esperada decisión de la JEP llega en un momento delicado para las relaciones entre Bogotá y Washington. La decisión de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de las altas cortes colombianas en las últimas semanas, en plena recta final del trámite de la reforma a la JEP propuesta por el presidente Iván Duque, ha sido ampliamente interpretada como una presión indebida, además de desatar un intenso debate sobre la independencia judicial. Dos de las seis objeciones presentadas por Duque -y respaldadas tanto por la embajada de Estados Unidos como por el dimitido fiscal Martínez- se concentran en la figura de la extradición. Tras ser rechazados por la Cámara de Representantes y sin mayorías claras en el Senado, los reparos presidenciales se encaminan a una revisión integral de la Corte Constitucional.

 

(Resumen Latinoamericano)

 

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