COLOMBIA. Álvaro Uribe tiene más de 70 casos legales en su contra, pero nunca pisa la cárcel

El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, enfrenta varias denuncias por hechos que datan incluso de los años noventa, cuando ocupaba el cargo de gobernador del Departamento de Antioquia.

Las recientes revelaciones acerca de la presunta participación de Álvaro Uribe y varios de sus seguidores en una operación de compra de votos a favor del hoy presidente colombiano Iván Duque, han revivido la polémica que desde hace al menos 25 años envuelve al líder de Centro Democrático.

Uribe ha sido investigado por las más disímiles infracciones, tanto en materia penal como en otros ámbitos. Más de 100 investigaciones lo han señalado a lo largo de su carrera política, de las cuales están abiertas 84.

Amplio historial en materia de denuncias en su contra.

Solamente entre 2002 y 2010, años en los que Uribe Vélez ejerció la presidencia de Colombia, 186 acusaciones se presentaron contra él por la presunta comisión de varias ilegalidades.

Estas actuaciones se siguieron por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes, el órgano del Parlamento destinado a estas investigaciones. De todas ellas, 56 se mantienen en trámites, pero ninguna ha prosperado notablemente.

Por otro lado, 28 procesos de índole penal investigan al hoy senador de la República de Colombia bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. Solamente uno de ellos ha llegado hasta la fase de indagatoria, etapa previa a la acusación formal, y eso, en fecha tan reciente como diciembre de 2019.

Dicho de otra manera, tal número de investigaciones no han llegado más lejos que a una sesión de 7 horas de intercambio de preguntas y respuestas con Uribe Vélez.

¿De qué se le acusa?

Corrupción, vínculos con el paramilitarismo, intereses en el narcotráfico, asesinatos selectivos, matanzas masivas, y hasta espionaje electoral, son algunas de las infracciones que se le achacan a Uribe Vélez, los cuales pudieran imputarse como delitos, de contar con pruebas que así lo respalden.
Esto no ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, existen evidencias que han matizado la polémica sobre el por qué de que no avancen las investigaciones contra el veterano político.

Uno de los casos más sonados es el que investiga las matanzas en las localidades de El Aro, La Granja y San Roque, además del asesinato de un abogado. El hecho fue atribuido al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, radicado en Antioquia, en momentos en que Uribe era el gobernador del departamento.

En 2008, varios exparamilitares afirmaron que Uribe Vélez participó en la planeación de los hechos. Más aún, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso dio fe de que el entonces gobernador aseguró que Uribe tenía conocimiento de la masacre.

Agregó que el secretario de gobierno de Uribe estuvo con el grupo armado ilegal durante los hechos, y que el Ejército colombiano los ayudó a pedido del entonces gobernador, todo ello según acredita la Comisión Colombiana de Juristas.

Pese a estos elementos, la investigación no ha prosperado, estando matizada por el “extravío” de medios de prueba y hasta el asesinato de un posible testigo, un exparamilitar llamado Francisco Villalba.

Ampliando la muestra, surgen procesos con particularidades similares, como los intentos de manipular las declaraciones de exparamilitares en prisión, a través de pagos para comprar silencios o cambios de declaraciones.

Otro caso a tener en cuenta sería la vinculación entre Uribe y Andrés Sepúlveda, quien asegura que el expresidente contrató y pagó sus servicios para espiar electrónicamente a sus contrincantes electorales en los comicios de 2012. Sepúlveda mantiene que cumplió su cometido apoyado por algunos sectores militares.

Atención actual.

Por estos días, son dos los procesos contra Uribe los que concentran la atención de la opinión pública: el caso de los sobornos a exparamilitares presos para que no lo vinculen con el paramilitarismo; y el relacionado con la compra de votos a favor de Duque, conocido como “Ñeñepolítica”.

El primero es el que desde está en fase de indagatoria desde diciembre de 2019, algo sin precedentes en el historial del exmandatario. Sin embargo, analizando la lista de diligencias a practicar indicada por la Corte Suprema para el mejor esclarecimiento de la investigación, queda aún bastante tiempo hasta llegar a una resolución al respecto.

En cuanto a su participación en el supuesto fraude electoral a favor del presidente Iván Duque, la Corte Suprema no ha dudado en incoar una nueva investigación, lo que habla acerca de la fuerza que, como material probatorio, tienen las grabaciones reveladas.

 

(Telesur)

Aumenta la lista de asesinatos contra líderes sociales en Colombia

Marco Rivadeneira. Foto: @CNA_Colombia.

La emergencia social en Colombia esta vez golpeó a los pueblos del suroccidente. La crisis humanitaria de asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas sociales sumó este jueves el nombre de Marco Rivadeneira. El líder fue asesinado por tres hombres armados, vestidos de civil, mientras se reunía con otros líderes sociales en la vereda Nueva Granada, del municipio Puerto Asís, en Putumayo.

Marco se encontraba en una reunión campesina en la vereda Nueva Granada, en el municipio de Puerto Asís, corredor Puerto Vega – Teteyé. A las 2:30 P.M llegaron tres hombres armados, vestidos de civil, y lo sacaron de lugar en el que se estaba llevando a cabo el encuentro.

Según el comunicado de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía, Jardines de Sucumbíos Ipiales Nariño, «Aproximadamente media hora después llegó información en el sentido de que habría sido asesinado».

Marco era un reconocido líder social de la región; hacía parte del Congreso de los Pueblos en el suroccidente colombiano, de la junta nacional del Coordinador Nacional Agrario -CNA- y era presidente la Asociación Campesina de Puerto Asís -Asopuertoasís-.

Varias organizaciones nacionales e internacionales han expresado su indignación ante el asesinato del líder.

 

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