Fueron declarados culpables de asesinato en la persona de Vicente Ramón Blanco Ubilla, dirigente poblacional comunista que, el 20 de septiembre de 1973, fue acribillado en el puente del Río Maipo y arrojado a las aguas, encontrándose hasta hoy desaparecido su cuerpo.
Marianela Cifuentes, ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó sentencia de primera instancia en el caso que investiga la desaparición forzada del militante comunista Vicente Ramón Blanco Ubilla, ocurrida a partir del 20 de septiembre de 1973.
La magistrada condenó a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autores del delito de secuestro calificado, en grado consumado, al ex coronel (r) de Carabineros Hugo Medina Leiva, que a la fecha de los hechos era capitán de la Sexta Comisaría de San Bernardo, y a los ex militares Alfonso Faúndez Norambuena, actual teniente coronel (r), y a Jorge Romero Campos, actual brigadier (r) del Ejército, quienes eran teniente y comandante en el regimiento de Infantería de San Bernardo, respectivamente.
Blanco Ubilla tenía 37 años, era casado, padre de cuatro hijos y dirigente poblacional. Tras ser detenido por carabineros de la Sexta Comisaría, fue entregado a militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, siendo conducido al campo de prisioneros del Cerro Chena, lugar donde fue duramente torturado.
Cuatro días después, el dirigente poblacional fue sacado de ese recinto y llevado al puente del Río Maipo junto a otros dos prisioneros, siendo acribillados en ese lugar y lanzado a las aguas. Su cuerpo está desaparecido hasta la fecha.
Una suerte distinta corrió su compañero José Calderón Miranda, dirigente campesino de Paine, quien sobrevivió pese a sus graves heridas y observó todo el accionar de los militares fingiendo estar muerto, permaneciendo oculto por cinco años.
Para el abogado querellante Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, en representación de dos hijos de la víctima: “Se trata de una sentencia muy esperada en la cual la judicatura ha hecho un gran trabajo, tanto en materia de la investigación de los hechos, como al determinar el grado de responsabilidad de los sentenciados Romero Campos, Faúndez Norambuena y Medina Leiva”, señaló.
Bustos, agregó que “como querellantes vamos a defender la sentencia en segunda instancia, y vamos apelar pidiendo elevar las penas impuestas, en atención a ciertas agravantes y también a la extensión del mal causado, considerando especialmente que la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas mandata que estos crímenes deben ser sancionados con penas que consideren su extrema gravedad”.
PL/El Ágora
