Francisca Sandoval, de 30 años, es la primera reportera asesinada en acto de servicio en Chile, desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y ya con un gobierno supuestamente de izquierdas.
Tras recibir un disparo en la cabeza mientras cubría los enfrentamientos acontecidos del pasado primero de mayo en el barrio de Meiggs, Sandoval fue trasladada al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central en estado extrema gravedad; fallecía 12 días de agonía después.
La joven reportera tenía solo 30 años de edad y deja a una pequeña hija. El velorio en su memoria no pudo desarrollarse en Plaza Dignidad, como se esperaba, por la masiva presencia de carros lanza agua que impidieron la actividad.
Después de la noticia de su muerte, el canal de televisión Señal 3 La Victoria, para el cual trabajaba la periodista expresó a tráves de su cuenta de Twitter: “Francisca no se nos fue. La asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran”. “Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad”.
Por su parte, el presidente, Gabriel Boric, afirmó expresó ayer: “La violencia perjudica la democracia. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad”.
La ministra de Interior, Izkia Siches, también se pronunció al respecto: “Lamento el fallecimiento de Francisca, joven periodista que deja a un hijo pequeño, y he podido compartir con la familia el profundo dolor. Nadie sale a la calle esperando esto o que a un hijo le suceda esto”.
La hipocresía y el cinismo de Boric y Siches son mayúsculos, porque desde el estallido social de 2019, se espera una reforma a Carabineros que, luego del asesinato de la joven reportera, recobró vigencia al difundirse videos de prensa comunitaria en los que podía observarse a los carros policiales escoltando a los pistoleros que dispararon contra Sandoval y contra otros dos reporteros populares.
En definitiva, la policía que depende del Ministerio del Interior y, en última instancia, del presidente del Gobierno, lejos de actuar contra los agresores de Sandoval los escoltaron y protegieron.
