El fin de semana pasado, cuando es de suponer que el Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón pensaba que «lo peor» en cuanto a las probabilidades de grandes incendios en Aragón había concluido, parece que propició la publicación de informaciones en distintos medios aragoneses que destacaban las bondades del operativo antiincendios. Quizás fue casualidad, quién sabe, pero lo cierto es que algunas de las piezas tenían tintes de publirreportaje.
Además de las cifras correspondientes a la inversión total del departamento que dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro, también se facilitó información sobre las condiciones laborales de quienes trabajan en los operativos. En este brillante horizonte, surcado por un precioso arcoíris y unicornios sonrientes, destacan supuestamente la estabilidad, por la ampliación de contratos a 12 meses, y los salarios dignos, que sitúan en algo más de 2.200 euros en 12 pagas. Si bien es cierto que la lucha del colectivo, con importantes huelgas incluidas, ha conseguido arrancar mejoras, estás no suponen ese marco idílico trazado en el relato del ejecutivo aragonés. Es más, ni aunque se dieran por buenas las informaciones facilitadas por el departamento, las cifras y condiciones tampoco parecerían de ensueño. En todo caso es de justicia recordar que ni el anterior gobierno de Lambán, ni el actual gobierno de Azcón, les ha regalado nada.
Desmienten tajantemente el relato gubernamental
Como era de esperar, quienes más saben sobre la cuestión, es decir bomberos y bomberas forestales, no encuentran paralelismos entre este ejercicio de sacar pecho del consejero Bermúdez de Castro y la realidad que viven o sufren, según se mire. La sección sindical de CGT en SARGA, sindicato con más representación en el operativo de incendios, desmiente de «manera tajante» la información publicada. De la misma forma han respondido la mayoría de organizaciones sindicales con representación entre el colectivo.
Para CGT, la realidad con la que convive el colectivo la conforman, por ejemplo, unas «condiciones indignas» en las bases o centros de trabajo. Cifran en «alrededor del 90%» las que no cumplen los «mínimos exigibles», llegando a darse casos en lo que no existe suministro de agua potable, electricidad o aseos. «Por no nombrar, brigadas que realizan la formación, mantenimiento de maquinaria y labores de aseo en la chopera o en la plaza del pueblo», añaden en la información facilitada a AraInfo.
Rompiendo el idílico relato del ejecutivo del Partido Popular consideran, además, que sufren una «disponibilidad abusiva». «Estamos sometidos a un régimen de localización de 24 horas diarias durante periodos de hasta 144 horas ininterrumpidas, lo que limita enormemente nuestra conciliación personal y familiar», explican.
También denuncian una «turnicidad y jornadas excesivas». Apuntan entre el colectivo «se dan jornadas laborales de más de 23 horas seguidas en caso de incendio forestal, lo cual supone un grave peligro». Y resaltan que «tras estas maratonianas jornadas, debemos conducir desde
el incendio hasta la base, con más de 25 horas sin dormir y habiendo trabajado intensamente en la extinción, lo que compromete seriamente la seguridad vial y laboral». Y esta entrega es «compensada» mediante un «plus» de seis euros al día por estar en primera línea de fuego y jugarse la vida.
Otra cuestión que señalan es la falta de medios para limpieza de equipos de protección. Denuncian que no disponen de instalaciones adecuadas para el lavado y desinfección de los EPIs (equipos de protección individual), como el mono de extinción, con el riesgo que ello supone para la salud laboral. Desde el sindicato explican que esta situación ha sido «denunciada reiteradamente a Inspección de Trabajo con resoluciones a favor que SARGA no cumple».
Algo que no reflejan las informaciones propiciadas por el ejecutivo aragonés es la situación del personal de Puestos Fijos de Vigilancia (PFV). Este colectivo de trabajadoras y trabajadores sufre contratos de trabajo precarios, de no más de 4 meses y con acceso al punto de vigilancia en condiciones que en muchas ocasiones ni un vehículo todo terreno puede transitar. «Caminos y accesos dependientes del Gobierno de Aragón que están desatendidos desde hace años», puntualizan desde CGT.
Desinformación sobre los salarios
Para la organización sindical las deficiencias descritas «no son más que la punta del iceberg» y en relación a algunas de las informaciones aparecidas en estos días pasados sostiene que «carecen de rigor». La plantilla se muestra especialmente afectada por las informaciones referentes a sus salarios.
CGT desmiente de forma «tajante» las cifras facilitadas respecto a los salarios de los bomberos y las bomberas forestales del INFOAR por parte del gobierno de Jorge Azcón, que ha sido la fuente de la desinformación. Estas cifras «son muy superiores a la realidad», sostienen. «Las tablas salariales oficiales, recogidas en el II Convenio Colectivo de SARGA y publicadas en el Boletín Oficial de Aragón, son públicas y muestran claramente que nuestros sueldos distan mucho de las cifras difundidas».
«Lejos de los sueldos inflados que se nos atribuyen, los bomberos forestales de Aragón sufrimos una situación de precariedad económica y laboral, especialmente grave si se compara con la dureza y riesgo de nuestras funciones. Nuestros sueldos están entre los más bajos del sector, muy alejados de los que perciben compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas o del operativo estatal, lo que provoca un éxodo constante de profesionales hacia esos destinos en busca de mejores condiciones» aclaran desde el sindicato.
En este sentido la sección sindical de UGT en SARGA ha especificado, en una nota de prensa difundida este lunes, que el salario «real» que percibe un bombero o bombera forestal en Aragón «es de 1.329 euros al mes» (en 14 pagas), no muy lejos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Al respecto apunta que «la empresa lo abona en 12 pagas en vez de en 14″ para “inflar números y dar la sensación de que están mejor pagados», de esta forma el salario sería de algo más de 1.500 euros. UGT sostiene que los datos facilitados por el departamento de Interior a los medios de comunicación «incluyen todos los costes sociales de la empresa, por lo que no es el salario efectivo que perciben».
Por otro lado desde CGT señalan la existencia de una «precariedad estructural del colectivo» que ha generado un incremento de las vacantes sin cubrir y enormes dificultades para atraer y mantener personal. Esta situación debilita el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Aragón, «poniendo en riesgo la seguridad del territorio y de la población», denuncian.
Este importante colectivo de trabajadores y trabajadoras, que se encargan de algo tan sensible como la protección del medio natural y de la seguridad de la ciudadanía, debería de encontrar un trato proporcional a este imprescindible desempeño. Y esto incluye tanto la dignificación de las condiciones laborales del conjunto de la plantilla dedicada a la prevención y extinción de incendios, como a la mejora de los medios a su disposición para acometer su tarea. El relato fantasioso del ejecutivo de Azcón sobre el dispositivo contra incendios aragonés, así como su difusión, se volverá en algo insostenible en cuanto las cartas vengan mal dadas.
arainfo
