Un documento interno del gobierno austriaco, filtrado y revelado por el diario Der Standard expone planes para establecer «centros de tránsito» en Uganda y posiblemente Ruanda, destinados a albergar a solicitantes de asilo rechazados en Europa, independientemente de su origen. La filtración surge tras la visita de la ministra de Asuntos Europeos e Internacionales, Beate Meinl-Reisinger (NEOS), a Kampala en octubre, donde se discutió una «cooperación más estrecha» en migración que el comunicado oficial presentó como rutinaria. El borrador, sin fecha y aún en fase preliminar, involucra a los ministerios del Interior, Exteriores y la Cancillería, y describe estos centros de detención como «escalas temporales» para personas con órdenes de retorno firme, cuando las repatriaciones fallan, como ocurre con el 80% de los casos de Somalia, el «principal grupo destinatario» mencionado explícitamente.
Esta iniciativa, enmarcada como «mutuamente beneficiosa» mediante inversiones a largo plazo, ignora el contexto actual del país: Uganda acoge ya casi dos millones de refugiados, principalmente de Sudán del Sur y Congo, bajo un régimen autoritario donde una ley de junio de 2025 permite juzgar civiles en tribunales militares y donde más de una docena de periodistas fueron agredidos en mayo durante la cobertura electoral.
Los planes austriacos se alinean con la propuesta de la Comisión Europea de marzo de 2025 para reformar la Directiva de Retorno de 2008, que habilita acuerdos bilaterales con terceros países para externalizar deportaciones, incluso sin conexión del migrante con el destino. Esta regulación, que entrará en vigor en 2026, busca elevar la tasa de retornos efectiva del actual 20% en la UE, pero críticos como Amnistía Internacional la tildan de «nuevo mínimo» en el tratamiento de migrantes, al permitir traslados a países sin garantías creíbles de derechos humanos.
Austria se coordina con Países Bajos, Alemania y Dinamarca: los neerlandeses anunciaron en octubre un «acuerdo al estilo Trump» con Uganda para un «centro piloto a pequeña escala». Sin embargo, el documento austriaco menciona de forma vaga una supervisión internacional que «protegería» a las personas deportadas, sin detalles sobre mecanismos independientes, y los ministerios consultados por Der Standard, Interior y Exteriores, confirmaron conversaciones en curso sin profundizar, limitándose a afirmar que «siguen el programa gubernamental de ÖVP-SPÖ-NEOS para prevenir migración ilegal mediante cooperación con terceros países».
El enfoque en Uganda y Ruanda evoca fracasos previos: el plan británico con Ruanda, cancelado en 2024 por el gobierno laborista tras costar 800 millones de euros en un «despilfarro sin precedentes», falló políticamente y judicialmente, con sentencias que limitaron su uso por violaciones al principio de no devolución. Italia, por su parte, estableció centros en Albania en 2024, pero su operación se ve restringida por fallos judiciales y ha registrado intentos de suicidio entre internos. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE advirtió en febrero de 2025 que estos centros no pueden ser «espacios sin ley», exigiendo «evaluaciones individuales, exención de vulnerables, y monitoreo estricto».
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