ARGENTINA. La (in)Justicia revoca la prisión domiciliaria a la líder indígena Milagro Sala, diputada electa del Parlasur

La diputada electa del Parlasur, Milagro Sala, había salido de la cárcel el pasado 31 de agosto para cumplir su injusta condena en arresto domiciliario, en cumplimiento con la resolución de la Cámara Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La medida había sido dispuesta por el juez de instrucción Pablo Pullén Llermanos, luego de que el inmueble ubicado en loteo Villa Parque La Ciénaga, ciudad de El Carmen, fuera acondicionado con importantes medidas de seguridad, cuestionadas por “innecesarias” por la defensa de la dirigente indígena.

Pero ahora, un mes escaso después, la Cámara de Apelaciones ha revocado la prisión domiciliaria de Milagro Sala.

La información difundida detalla que la misma fue dictada por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, y dispone el reingreso de la diputada del Parlasur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero.

La decisión de la Cámara ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A ese respecto, la defensa informó que el traslado no debe realizarse, ya que los abogados recurrirán la medida y, además, el Artículo 443 del Código Procesal Penal prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada.

Al parecer, la defensa fue notificada auer viernes a las 19 horas y aun no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan.

Por otra parte, según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, “los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos”, pero en la resolución emitida, no se establece una habilitación especial a tal fin.

Los abogados recurrirán la resolución de la Cámara de Casación. De hacerse efectiva la misma, el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país.

Desde la Organización Barrial Tupac Amaru hacen “responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH”.

 

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