A Bixente Perurena lo ejecutó una banda armada, pero el Tribunal Europeo corrobora que su familia no cobre indemnización

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a avalar este jueves que España no indemnice a familiares de personas  asesinadas por el GAL, al rechazar la demanda de la viuda de Bixente Perurena.

La Corte europea apoya así la cláusula de excepción de la Audiencia Nacional española para la indemnización a víctimas del terrorismo, «cuando las presuntas víctimas han sido miembros de una organización dedicada a perpetrar crímenes violentos». La demandante consideraba que se había vulnerado la presunción de inocencia de su esposo, puesto que no fue jamás condenado por pertenencia a ETA y la decisión de no acordar la indemnización se basaba en sospechas.

Pero Estrasburgo da por buena la decisión de la Audiencia Nacional basada en «las pruebas existentes de diferentes fuentes, como declaraciones hechas por otros miembros de ETA, noticias de prensa y publicaciones relacionadas con ETA, que «prueban» que el fallecido había pertenecido a la banda».

En este sentido, consideran que la demandante «no ha demostrado la existencia del vínculo necesario entre los procesos penales archivados contra su esposo y los procedimientos de compensación iniciados por ella», en lo referente a la presunción de inocencia.

La demandante es Blanca Pascual González, una ciudadana residente en Hendaia y nacida en 1949, viuda de Bixente Perurena Telletxea, asesinado por el GAL en la citada ciudad del sur de Francia en 1984.

En su queja al Tribunal de Estrasburgo, aseguró que esa negativa «había incumplido el derecho de su marido a la presunción de inocencia», derecho que está protegido por el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Corte europea ya llegó en julio del año pasado a la misma conclusión en la decisión Larrañaga Arando y Martínez Aguirre, que también invocaron el derecho a la presunción de inocencia.

Las diez demandantes eran parientes de personas asesinadas en Francia entre 1979 y 1985 por los grupos Batallón Vasco Español (BVE), Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Acción Nacional Española (ANE) y Grupos Armados Españoles (GAE).

Negar una indemnización «no supone que la supuesta pertenencia a una organización criminal haya sido establecida por un proceso penal, y las autoridades pueden fundarse en otras fuentes para obtener la información, algo que hicieron», dijo entonces el Tribunal europeo.

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