El veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que convierte a Myanmar en el primer país de la historia declarado culpable de cometer genocidio no sólo hace justicia a las víctimas de la minoría étnica rohingya. También le da a la convención sobre genocidio de 1948 nueva relevancia para gobernar las acciones de los estados nacionales.
En su fallo por mayoría de nueve votos contra seis, el panel de jueces de La Haya estableció una hoja de ruta detallada sobre cómo se debe aplicar la convención a situaciones del mundo real en las que un gobierno es acusado de cometer genocidio contra todo un grupo de población, especialmente cuando se trata de evaluar la cuestión de la intención.
La extensa sentencia habrá sido leída con especial atención por Israel, el único otro país actualmente ante la CIJ acusado de genocidio.
También es relevante para Alemania, que ha sido llevada ante el tribunal por Nicaragua bajo la acusación de haber facilitado y no evitado el genocidio en Gaza.
«Creo que es una sentencia que da vida a la convención sobre genocidio», dijo Philippe Sands, un destacado abogado de derechos humanos que formó parte del equipo legal de Gambia.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó el fallo como “un raro momento de justicia para los supervivientes, las víctimas y sus familias”. Pero también fue una afirmación del derecho humanitario en un mundo cada vez más anárquico.
Este fallo tendrá repercusiones en su tribunal hermano de La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), proporcionando un punto de referencia sobre cuándo se podrían presentar cargos de genocidio contra perpetradores individuales.
La administración Trump, instintivamente hostil a las instituciones jurídicas internacionales, también observa con ojo crítico. El embajador de Estados Unidos ante la ONU dijo a la CIJ antes de esta sentencia que no “rebajara el umbral legal para probar el genocidio” para que no se “convirtiera en un arma” contra soldados estadounidenses y aliados.
Antes de este caso, sólo Serbia había enfrentado cargos de genocidio ante la CIJ, en casos presentados por Croacia y Bosnia y Herzegovina. En el sentencia bosnia de 2007, se determinó que Belgrado no había evitado el genocidio de 1995 en Srebrenica, pero en ambos casos fue absuelto de cometer el genocidio directamente.
La nueva sentencia de la CIJ considera que el ejército de Myanmar es directamente responsable del genocidio contra los Rohingya, una minoría musulmana objetivo de una feroz campaña de contrainsurgencia que alcanzó su punto máximo en 2017.
Al evaluar la campaña de Myanmar, la CIJ consideró no sólo el número de muertos de unas 10.000 personas al evaluar la escala de las atrocidades, sino también la población total rohingya objetivo en el estado norteño de Rakhine, 815.000 personas. Significativamente, su alcance va más allá del número de muertos, considerando el daño mental causado a los sobrevivientes, en particular a las víctimas de violencia sexual, y el impacto en la reproducción en la comunidad rohingya.
En esta sentencia, el tribunal dictaminó que Myanmar podría haber tenido otros motivos, como el deseo de desplazar o castigar a la población rohingya, pero que esos motivos podrían coexistir con una intención genocida. Los jueces dijeron que la intención genocida era la “única inferencia razonable” de la “totalidad” de las pruebas.
Para justificar esa conclusión, los jueces señalaron varios factores que los expertos en derecho internacional dicen que son relevantes para el caso Gaza, que ahora está escuchando alegatos escritos y se espera que demore al menos otros tres años.
Los factores comunes incluyen los ataques contra niños, que el tribunal describió como un ataque a los “cimientos” de los rohingya como grupo: la CIJ dijo que hasta 2.109 niños rohingya menores de cinco años habían sido asesinados, mientras que más de 5.000 niños palestinos menores de cinco años habían muerto en la guerra de Gaza.
Otro factor incriminatorio citado por el tribunal fue la “demolición y limpieza del terreno a gran escala” después de la destrucción de aldeas, seguida de la “construcción rápida” que incluía instalaciones de seguridad, que ha sido el sello distintivo de la ocupación del ejército israelí de más del 60% de la Franja de Gaza.
«Está lleno de mensajes para Israel», dijo William Schabas, profesor de derecho internacional y experto en genocidio en la Universidad de Middlesex. «Hay diferencias obvias, por supuesto, las pruebas serán diferentes, pero si intercambiaras la palabra Myanmar con Israel, no tendrías que cambiar mucho en el fallo».
El hecho de que hubiera seis voces disidentes en el tribunal sugería que partes sustanciales del razonamiento de la mayoría no estaban fuera de discusión, y los abogados involucrados en el caso advirtieron que eso no significaba necesariamente que el mismo tribunal declararía a Israel culpable de genocidio en Gaza. Pero los mismos abogados añadieron que es casi seguro que ocurre lo contrario. Si este caso hubiera fracasado, el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel prácticamente habría terminado.
(The Guardian)
