Asistimos desde el 17 de octubre de 2026 a la fiesta de la moralina burguesa sobre el uso de la violencia. Los comercios destruidos, los edificios públicos incendiados y los símbolos patrios profanados nos tienen a todos bajo el reproche paternalista de aquellos que nos quieren hacer creer que una sociedad es una banda de amigos, y que bajo el caluroso abrazo del Estado y la República, los valores de la pulcritud social, que son en realidad los valores del silencio y la obediencia, deben imponerse frente al caos del hartazgo y la desesperación. Mienten, evidentemente. Porque la crisis neoliberal en la que estamos todos sumergidos amerita una justificación para la excepción, el toque de queda, la militarización, la represión, con mutilación y ceguera incluida.
La violencia popular, cuando se despliega de manera masiva, siempre aparece como el primer elemento a señalar por parte de los gobiernos. Esta, al incidir directamente como cuestión moral, permite dividir rápidamente la opinión pública, desviar la atención de los motivos de la revuelta y justificar la excepción. Una vez más, la discusión se desplaza desde las condiciones materiales que producen el hartazgo hacia la conducta de quienes se rebelan contra ellas. Y aunque sea repetitivo en la historia de los que luchan, es válido interrogarse sobre la legitimidad de la violencia popular y sobre el lugar que debería ocupar dentro del imaginario político de los que pretenden influir en los movimientos sociales.
Retomando a Walter Benjamín en su ensayo Para una crítica de la violencia, la legitimidad de la violencia no puede analizarse únicamente a partir de los fines que persigue ni tampoco exclusivamente desde la legalidad de sus acciones, ya que supone aceptar el orden jurídico como punto de partida para juzgarla, sin interrogar las relaciones materiales y de poder que lo constituyen y sostienen. En Benjamín existe una violencia que funda el derecho y otra que lo conserva. El derecho no aparece como un orden neutral situado por encima del conflicto, sino como una institución histórica cuya constitución y conservación están atravesadas por relaciones de fuerza. En este sentido, la represión estatal puede interpretarse no como una defensa de los derechos ciudadanos, de los comerciantes y de la violenta propiedad privada, sino como un mecanismo de conservación del orden jurídico frente a una violencia que amenaza con cuestionarlo. El Estado ante la violencia popular busca preservar no un derecho, sino el propio derecho al ejercicio de la violencia. Su propia violencia tiende a presentarse como legítima, mientras que la de quienes desafían el orden establecido aparece, de entrada, como una transgresión que debe ser castigada. Ahora bien, la violencia del Estado, intrínseca a su constitución histórica y a las prácticas conservadoras de su dominación, no puede equipararse a la violencia popular o a la violencia revolucionaria. Para nosotros, la violencia solo puede entenderse dentro del dominio de los medios como una respuesta ante una situación de agresión o como una irrupción capaz de abrir, de manera espectacular, un escenario de violencia estructural que permanece disimulado bajo las apariencias de una pasividad reaccionaria, incapaz de transformar el orden existente y que, al mismo tiempo, debilita la capacidad colectiva de hacerlo.
A estas alturas, al desnudo queda la transferencia y el saqueo del ingreso público al sector privado. El deterioro de las condiciones de la educación pública, la supresión de puestos docentes y la millonaria transferencia de recursos hacia la formación privada forman parte de una misma dinámica de saqueo. Los algoritmos de selección como el Parcoursup condicionan el futuro de miles de jóvenes al someter el acceso a la universidad a una lógica de selección clasista y restringe las posibilidades de quienes provienen de los sectores populares escudándose en la racionalidad impersonal de la automatización. Los estudiantes internacionales, también afectados, obligados a pagar sumas estratosféricas para acceder a la educación superior, reflejan no solo una lógica mercantil sino también una forma de racismo institucional. Todo esto se inscribe en un marco general de encarecimiento y precarización de las condiciones de vida de los de abajo. La violencia ante este escenario es solo una de las respuestas a la cruzada abierta que el capital le declaró a los trabajadores y a los pobres del mundo en los últimos 50 años. Sin embargo, hay un elemento que no debe perderse de vista bajo ninguna circunstancia por aquellos que aspiran, mediante la política, a instituir nuevas formas de vida. Esto es, no es la violencia de los cansados la que buscamos instituir, sino volver el violento cansancio de los oprimidos en formas de amistad social duraderas y democráticas que hagan de este mundo un lugar al cual queremos pertenecer. Decía Malatesta: “Es nuestro deber llevar la atención a los peligros concomitantes al uso de la violencia, a insistir en el principio de la inviolabilidad de la vida humana, a combatir el espíritu de odio y venganza, y a predicar el amor y la tolerancia. Pero cegarnos a las verdaderas condiciones de la lucha, renunciar al uso de la fuerza para el propósito de repeler y atacar a la fuerza, dependiendo en la fantasiosa eficacia de la “resistencia pasiva”, y en el nombre de una moral mística negar el derecho a la autodefensa, o restringirlo al punto de tornarlo ilusorio, puede solamente terminar en nada, o en dejar el campo de acción abierto a los opresores”.
Sería de una total ingenuidad negarnos a la defensa frente a la represión, elevar a categoría de principio la no violencia y así evadir irracionalmente la historia de la lucha de clases, sus formas y sus resultados. El ejercicio de la violencia popular es un placer innegable para todos aquellos que han tenido la suerte. Muchos, al borde de la implosión por la angustia de la precariedad y la competencia, han sabido recuperar momentáneamente sus fuerzas al arrojar una piedra, pero la propuesta prepolítica de la rabia desatada se completa le lendemain, cuando se configura una manera de comprometernos en la defensa organizada de nuestras reivindicaciones y con el disfrute de nuestras victorias. De establecer comunes duraderos, comunes que nacen de la praxis política, de la lucha, del encuentro, del salto de la soledad a lo común. Cuando la violencia gusta más como finalidad que como medio inevitable, se corre el peligro de ingresar al fabuloso mundo del imaginario burgués en las mentes de los revolucionarios. Como sostenía el militante anarquista Luigi Fabbri en relación al tema de la violencia, esto se trataría de una tendencia, derivada de las influencias burguesas, a trocar los términos, a cambiar el objetivo por los medios y a hacer de estos la única primordial preocupación. En nuestro contexto, la violencia popular funciona como sacudida ante la desolación. Las imágenes de la revuelta son un combustible emocional para los luchadores de muchísimos países y la chispa puede rápidamente encender las voluntades de los oprimidos, pero no puede ser nuestra principal búsqueda ni preocupación.
El trabajo de los elementos organizados dentro de los movimientos y las protestas no debe perder de vista que la tarea es hacer comunes y evitar que las voluntades movilizadas descansen simplemente en la posibilidad de una salida electoral. Y no porque no sea importante que el fascismo o la derecha no lleguen al gobierno, cualquiera que se digne a respetar los hechos de la realidad debe aceptar que es mejor que existan gobiernos de “izquierdas”, sino porque el grado de fragmentación social es tal que la apertura política que inicia la rebelión debe cuidarse como quien cuida una vela en el viento. La revuelta puede abrir una posibilidad, la tarea política, ahora, es construir las condiciones para que esa posibilidad no se cierre sobre sí misma.
