Si Alemania es el país de la filosofía —o así lo presenta la tradición—, Francia es el país de las insurrecciones. 1789 y 1792, 1830 y 1848, 1871, 1936 y 1945, 1968 y la larga ola de luchas del presente son fechas atadas por un hilo rojo que teje llamas y barricadas.
No todas ellas fueron revoluciones, y ni siquiera todas las que lo fueron tuvieron un éxito perdurable. Tampoco son equiparables en términos de masividad, fuerza y orientación. Pero sí son, por encima de sus diferencias, elementos de una misma historia; una que de hecho no es siquiera una historia privativamente francesa, sino una trama interna a la lucha de clases internacional.
La revolución de 1789 configuró las que han sido, en líneas generales, las fuerzas motrices de la política francesa moderna. Un proletariado urbano propenso a la insurrección, para el cual la república debía ser expresión del poder de las masas; una burguesía liberal, en unión con las clases medias urbanas, que anhelaba una república oligárquica; unas zonas rurales inclinadas hacia la reacción.
Las relaciones entre estas fuerzas no han seguido un patrón unívoco, como tampoco lo ha hecho su grado de cohesión y conciencia. En la primavera de 1848, burguesía y proletariado marcharon juntos; en junio del mismo año, sus caminos se separaron y la alianza se convirtió en antagonismo. 1871 enfrentó al proletariado urbano con la burguesía y sus aliados rurales; en 1945 el proletariado unió sus fuerzas a la burguesía para reinstaurar una república liberal. 1968 fue testigo de la frágil unión entre un proletariado políticamente debilitado y sectores radicalizados de las clases medias: una fuerza demasiado débil en comparación con la unión entre la burguesía y el campo.
La “explosividad” que parece caracterizar a la política francesa no depende de “espíritus nacionales” u otras entidades de dudosa naturaleza. Es, más bien, producto de su especial dificultad histórica para conciliar las necesidades del desarrollo capitalista con la construcción de estructuras políticas estables. 1789 fue un ejemplo paradigmático del choque entre las fuerzas y necesidades liberadas por un capitalismo en desarrollo y las estructuras anquilosadas y parasitarias del Estado feudal. Pero la brutalidad del choque, que barrió las estructuras políticas del feudalismo, hizo muy difícil a la burguesía francesa dotarse de instituciones políticas sólidas. En países como España, Italia o Alemania, el paso del Estado feudal al Estado capitalista no estuvo extento de grandes conflictos, pero se completó mayormente por medio de una “revolución desde arriba” que pudo seguir valiéndose del poder de del aparato burocrático y militar que había comenzado a desarrollarse en la era del absolutismo. En Francia, por el contrario, incluso la revolución “desde arriba” de Napoleón, que detuvo el impulso del proletariado urbano y consolidó la revolución como revolución burguesa, estuvo vinculada a la guerra permanente contra el absolutismo en el exterior y la transformación social en el interior.
La derrota de Napoleón permitió reinstaurar la monarquía absoluta, pero sus pilares eran débiles. Ni la burguesía ni el proletariado la querían, la aristocracia había sido barrida por la revolución, y las estructuras estatales heredadas de la era napoleónica no resultaban idóneas para esta forma de gobierno. El anacronismo de esta nueva superestructura política dio lugar a una nueva ola de revoluciones. En 1830, la insurrección forzó el paso hacia una monarquía constitucional. Pero esta seguía sin satisfacer las aspiraciones de la burguesía, al concentrar demasiado poder en una élite cortesana corrupta, y el proletariado no dejó de verla como un enemigo. 1848 acabó por derribar la monarquía, pero solo para abrir una nueva etapa de lucha directa entre burguesía y proletariado. La burguesía se encontró rápidamente ante una encrucijada: la república liberal, que había conquistado gracias a la fuerza del proletariado en las calles, era incapaz de contener la voluntad proletaria de construir una república social. Así que la burguesía, temerosa, hubo de lanzarse en los brazos de un “hombre fuerte”, un caudillo —por nombre Luis Napoleón—que había conseguido ganarse los apoyos de los sectores rurales enfrentados a la revolución. De este modo nació el Segundo Imperio.
Aunque Marx lo presentara como un patán corrupto, Luis Napoleón no fue exactamente un inepto (corrupto sí era, y mucho). Su gobierno fue lo más parecido que tuvo Francia a una “revolución desde arriba” exitosa en consolidar un estado imperialista moderno. La industria se desarrolló, recortando distancias con la poderosa Inglaterra, las finanzas crecieron, el aparato estatal se consolidó y Francia expandió su imperio colonial. Pero la suma del creciente antagonismo con Prusia, la dureza del dominio de clase, la concentración del poder en manos de Luis Napoleón y su corte de canallas y la escandalosa corrupción a la que se entregaban las élites agrietaba el edificio en su conjunto. Cuando el nuevo Bonaparte, inteligentemente espoleado por Bismarck, se lanzó a la guerra contra Prusia y la perdió, el Segundo Imperio quebró y proletariado parisino se alzó para fundar la Comuna.
La Tercera República Francesa, estúpidamente idealizada por algunos, nació sobre los cadáveres de 20.000 comuneros y un clima de represión generalizada contra el proletariado insurrecto. El miedo a la revolución había permitido generar un bloque de poder donde la burguesía quedaba vinculada al campesinado y las clases medias urbanas en una república liberal-oligárquica. El aparato burocrático-militar que la Comuna había destruido hubo de volver a construirse a toda prisa —a menudo con soldados externos a la capital— para garantizar el dominio burgués sobre las masas urbanas.
La derrota de la Comuna y la expansión económica de la década espantaron durante un tiempo el fantasma de la revolución, dotando al liberalismo “republicano” de una estabilidad que no había logrado anteriormente. La Tercera República sigue siendo, de hecho, el orden constitucional más longevo con el que ha contado Francia desde 1789. Tras su instauración, Francia giró hacia el proteccionismo agrario e industrial para consolidar su capacidad productiva frente a rivales más fuertes, a la vez que extendía su imperio colonial y se consolidaba como un gran centro financiero (el segundo por detrás de Londres) centrado en la exportación de capitales. El modelo, como se ve, responde a las características de lo que Lenin caracterizaría posteriormente como “imperialismo”, y se expandió sin grandes dificultades hasta 1914.
Mientras tanto, la amenaza roja comenzó a estructurarse en la forma de un partido proletario —del cual, por cierto, el propio Marx escribió el programa— dentro de una historia de conflicto entre las ramas reformistas (también llamadas “posibilistas” durante un tiempo) y revolucionarias del movimiento obrero. El motivo inmediato de la división —estructurada en dos partidos separados, con Jean Jàures y Jules Guesde como respectivos líderes— estaba vinculado a la actitud hacia la república burguesa, que los reformistas veían como un marco que hacía posible la transición al socialismo y los revolucionarios como un enemigo a batir, contraponiéndole la “República Social” como única forma de gobierno apropiada para el proletariado.
Al mismo tiempo, la república liberal estaba amenazada a su derecha por una reacción que también comenzaba a recomponerse. La poderosa Iglesia católica, sectores del ejército y la oligarquía financiera eran sus principales exponentes, y el campesinado propietario su base de masas. A sus ojos, la República era un régimen corrupto e ineficaz cuyo laicismo insultaba el espíritu católico de Francia y cuyo liberalismo daba excesivas alas a la subversión obrera.
La relación entre socialismo, liberalismo y reacción determinó las siguientes décadas de la política francesa. Un sector del socialismo decidió aliarse con la burguesía liberal frente a la reacción; alianza que quedó cristalizada en la primera entrada de un miembro de un partido socialista moderno en un gobierno burgués. El episodio, conocido como “escándalo Millerand”, dio lugar a uno de los más profundos debates en la historia de la Segunda Internacional, en el cual los marxistas lograron imponerse (aunque sería, como veremos, una victoria pírrica). La Internacional condenó el millerandismo y la participación en gobiernos burgueses, y logró la reunificación de las dos alas del socialismo francés bajo bases pretendidamente revolucionarias y un nombre que daba testimonio de su internacionalismo: SFIO, o Sección Francesa de la Internacional Obrera.
La alegría de los marxistas fue efímera. El SFIO pronto pasó a quedar dominado de facto por el socialchovinismo y de hecho acabó apoyando la guerra imperialista. Para valorar la escala de la traición basta un dato: Jules Guesde, antaño el principal crítico marxista del millerandismo, acabó siendo ministro de un gobierno burgués que enviaba a los trabajadores a ser masacrados en las trincheras.
Aunque el final de la guerra trajo un periodo de crisis político-económica y agitación revolucionaria, estar en el bando vencedor permitió a Francia cerrar la puerta a un auténtico proceso insurreccional. La Tercera República logró recomponerse, en parte gracias a la lealtad del socialismo reformista. Los revolucionarios pasaron a formar el Partido Comunista Francés, que en sus primeros compases logró arrebatar la hegemonía sobre la clase trabajadora a sus rivales reformistas. La reacción, por su parte, contuvo sus ataques contra la República por miedo a la inestabilidad y sus posibles implicaciones revolucionarias.
La breve recuperación económica de la década de los 20 espantó por un tiempo el fantasma de la revolución. La emisión masiva de deuda a comienzos de la década —sostenida sobre la ilusión de que Alemania, obligada por el Tratado de Versalles, pagaría los costes— dio lugar a una fuerte espiral inflacionaria en torno a 1926, pero también logró estimular el desarrollo industrial. Ante el peligro de la inflación y el miedo a una nueva crisis, el Parlamento entregó poderes especiales al conservador Poincaré, que logró estabilizar la situación económica mediante severas políticas de austeridad y beneficiarse de la bonanza económica mundial para fomentar años de crecimiento sostenido. El Tratado de Locarno, firmado junto a Alemania en 1925 y exento del agresivo revanchismo que caracterizó al de Versalles, generó brevemente la ilusión de que la paz había llegado para quedarse a Europa. El espíritu de los “locos años 20” sirvió para extender entre las clases medias un aire de optimismo. El PCF, que en 1920-21 había podido disputar al reformismo el liderazgo del movimiento obrero, quedó rápidamente reducido a una fuerza minoritaria.
La crisis de 1929 resquebrajó estas ilusiones y volvió a generar un escenario marcado por la inestabilidad. El movimiento obrero ganó en fuerza, vigor y capacidad de lucha. El bloque entre socialdemócratas y liberales empezó a quedarse cada vez más solo en la defensa de la Tercera República a medida que la derecha oscilaba hacia la reacción y el fascismo. La tensión crecía en las calles, y en 1934 el escuadrismo de extrema derecha llegó a intentar tomar la Asamblea Nacional. Incapaces de detener el ascenso de Hitler al poder en Alemania, unos comunistas atemorizados se sumaron a la alianza con los socialdemócratas y la burguesía liberal dentro del marco del Frente Popular.
El Frente Popular llegó al poder en 1936, pero colapsó en apenas dos años en base a sus insalvables contradicciones internas. Los sectores burgueses de la coalición vetaron por sistema las medidas más radicales que el movimiento obrero demandaba en la calle, así como los ejercicios de internacionalismo —como hubiera sido el apoyo al bando republicano en España. La caída del Frente Popular dio lugar a un gabinete de derecha con carices fuertemente autoritarios; gabinete que revirtió las más importantes impulsadas por el anterior gobierno y desató una oleada de represión contra el movimiento obrero. La Tercera República era, para esas fechas, un cadáver andante.
Como sucediera con el Segundo Imperio, la estocada final vino desde fuera, esta vez bajo la forma de la veloz invasión alemana, y con la regresión fascista quedando a la orden del día. La mitad del país quedó bajo la ocupación directa de los nazis; la otra mitad quedó bajo el yugo del mariscal Pétain, a quien la mayoría derechista de la Asamblea Nacional otorgó plenos poderes. Nacería así la “Francia de Vichy”, un régimen autoritario y colaboracionista en el cual la reacción recuperó finalmente las riendas del país.
La resistencia interior, dominada por el Partido Comunista Francés, comenzó a ganar fuerza a partir de 1942. En el exterior, sectores liberal-nacionalistas unidos en torno al general De Gaulle conformaron en alianza con el imperialismo británico, un gobierno francés en el exilio.
Cuando el avance aliado y la resistencia interior hicieron colapsar tanto la ocupación nazi como el régimen de Vichy, los comunistas se habían convertido en la fuerza mayoritaria del país, sostenida sobre miles de comités populares y millones de trabajadores armados. El propio De Gaulle afirmó en sus memorias que podrían haber llegado a conquistar el poder. Sin embargo, el liderazgo del PCF, en respuesta a la nueva política soviética, prefirió reconstruir su alianza con la burguesía y dar respaldo a un nuevo orden constitucional liberal. Thorez, secretario general del PCF, conminó a los trabajadores franceses a entregar sus armas, aceptar la consigna “Un Estado, una Policía, un Ejército” y entregarse a la “guerra de la producción” (esto es, aumentar la productividad de las empresas capitalistas). Mientras tanto, la agitación antiimperialista recorría las colonias, y el gobierno francés —con un ministro de Defensa del PCF— se lanzó a la guerra contra el movimiento de liberación nacional en Indochina (lo que hoy conocemos como Vietnam).
La burguesía, sin embargo, no agradeció al PCF sus esfuerzos, y pasó a expulsarles del gobierno cuando dio comienzo la guerra Fría y EEUU tocó a rebato, condicionando el despliegue del plan Marshall a la salida de los comunistas de los nuevos ejecutivos europeos.
El miedo a la amenaza de la revolución llevó a EEUU a desplegar una política generalizada de concesiones hacia las clases trabajadoras y los capitales nacionales europeos, dando lugar tanto al “boom” europeo de posguerra como a lo que conocemos como “Estado social”. Conscientes de que la inestabilidad propia de las políticas de libre mercado hubiera conducido a un suicidio político, las clases dominantes generaron un marco fuertemente intervencionista en el cual el Estado pasaría a monitorizar el desarrollo industrial y hacerse cargo de importantes aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo (Seguridad Social, sanidad, educación, etc.). En Francia, este apaño —instituido progresivamente desde el final de la guerra— se conoció como “dirigismo”, y permitió que la burocracia estatal orientara y supervisara la labor de los principales sectores productivos, que seguirían en su mayoría en manos privadas.
El aumento del empleo, la inversión y los beneficios reforzó al movimiento sindical y permitió lograr atar el alza de la productividad con el crecimiento de los salarios y por medio de una actividad huelguística sostenida. Así, aunque la perpetuación de gabinetes liberales o conservadores no llevara a crear el tipo de instituciones tripartitas entre sindicatos, patronal y Estado que sí funcionaron en otros países europeos —como Gran Bretaña o los países escandinavos— los trabajadores lograron ver una mejora de sus condiciones de vida mediante procesos de lucha casi rutinizados. Esto contribuyó a que la clase francesa preservara una singular combatividad. No obstante, durante los años de la posguerra inmediata el aumento del consumo y los salarios no fue suficiente como para paliar un contexto de pobreza notablemente generalizado.
La Cuarta República nació marcada por la inestabilidad política. El proyecto original de comunistas y socialdemócratas, más ambicioso en términos democráticos —con un parlamento unicameral que habría de elegir tanto al presidente del gobierno como al de la República—, fue rechazado en referéndum, donde liberales y derechistas agitaron el miedo ante la “democracia popular”. El nuevo borrador constitucional, que daría lugar a la Cuarta República, nació como una suerte de solución de compromiso que no satisfacía del todo ni a comunistas ni a una derecha mayormente reunida en torno a De Gaulle, y fue aprobado con tal solo un 53% de votos favorables. La nueva república daba demasiado poco poder al parlamento para el gusto de los comunistas y demasiado a opinión de los gaullistas, convertidos en el principal partido de la burguesía y ansiosos por instituir un sistema más autoritario. Su base de masas, de nuevo, venía del campo y las clases medias urbanas.
Al imponerse la decisión “atlantista” de excluir al PCF de cualquier gobierno, la república dio un paso más hacia la inestabilidad política permanente. Como régimen, era una suerte de tierra de nadie que no contaba con el respaldo pleno de ninguna clase social. Sin la posibilidad de formar mayorías estables, los gobiernos fueron sucediéndose con una frecuencia casi metódica, perdiendo un voto de confianza tras otro. La duración media de sus gobiernos, de hecho, fue de siete meses.
El agravamiento de la situación en las colonias convirtió la inestabilidad en crisis política abierta. A la humillante derrota de Dien Bien Phu, donde el ejército imperial fue desbordado por las fuerzas vietnamitas comandadas por el general Giap, se le sumó el fortalecimiento de la insurgencia argelina. El caos reinaba igualmente en Túnez y Marruecos. Ante este contexto, la hostilidad derechista hacia la Cuarta República comenzó a radicalizarse, con el ejército como baluarte principal de la oposición.
El comienzo de la Guerra de Argelia, acaecido apenas unos meses después de la derrota en Dien Bien Phu, marcó el principio del fin de la Cuarta República. En el imaginario imperialista francés, Argelia ocupaba un lugar especial: no era una remota colonia de ultramar, como Indochina, sino prácticamente otra provincia francesa (eternamente subordinada, eso sí). Los débiles gobiernos republicanos respondieron al levantamiento anticolonial argelino alternando la represión con la indecisión. Eso no hizo más que aumentar la furia de los sectores más reaccionarios de la población francesa, visceralmente opuestos a la “entrega” de Argelia, y el ruido de sables dentro del ejército.
El levantamiento de la guarnición francesa en Argel en 1958 puso en clavo definitivo en el ataúd de la Cuarta República. El ejército de ocupación francés exigió un cambio de gobierno en la metrópoli y un compromiso firme con la persistencia de la ocupación, amenazando, de forma escasamente velada, con invadir París en caso de que sus condiciones no se cumplieran. Con el país al borde de una guerra civil, los principales políticos burgueses recurrieron a un entonces retirado De Gaulle. El viejo general derechista aceptó volver a tomar las riendas del gobierno, pero solo a cambio de acabar con la cuarta república e instaurar el modelo de república presidencialista, mucho más sólidamente autoritario, que llevaba tanto tiempo exigiendo.
Así nacería la Quinta República, cuyo patente agotamiento observamos hoy. De Gaulle pudo valerse de un periodo de fuerte crecimiento económico —con tasas de un 5% anual— para consolidar el modelo “dirigista”, reforzar la industria francesa y el poder de su Estado (con la conversión de Francia en potencia nuclear como principal hito), comprando por el camino ciertos niveles de paz social. La dinámica anteriormente descrita —crecimientos de la productividad, huelgas, aumentos salariales— conoció su apogeo en esta etapa. Este contexto de bonanza permitió a De Gaulle capear la inestabilidad generada por la independencia de Argelia, que no pudo evitar, y el resurgimiento del terrorismo de extrema derecha entre sectores vinculados a la policía y el ejército. Viéndose reforzado, el general acentuó el perfil soberanista de su política exterior, saliendo de la OTAN en 1966 y vetando de forma sistemática la entrada de Reino Unido —a quien consideraba un “caballo de Troya de EEUU”— en la Comunidad Económica Europea.
Por el camino, el PCF había ido perdiendo poder y legitimidad. Aunque se opuso al cambio constitucional de 1958, llegando a calificarlo de “golpe de Estado fascista”, buena parte de sus bases lo apoyaron en referéndum, y el propio partido acabó respaldándolo por la vía de los hechos. Con respecto a Argelia, apoyó una solución pacífica al conflicto, rechazando dar respaldo a la resistencia argelina. Seguía siendo un partido obrero de masas y la principal fuerza del proletariado francés, pero su lealtad hacia el constitucionalismo liberal lo consolidó como fuerza reformista.
La prueba de fuego vino en Mayo del 1968, cuando un inesperado estallido social quebró la paz social relativa que había dominado el último lustro. Las narrativas que pintan el Mayo francés como una “revuelta de clase media” son falsas. La clase media tuvo, es cierto, un papel importante por medio de una generación de estudiantes radicalizados, pero también la clase obrera saltó a la lucha, con la juventud trabajadora ocupando un papel especialmente prominente. En las revueltas del 68 cristalizaron muchos descontentos: contra el burocratismo y la dominación política burguesa, contra el imperialismo y sus políticas asesinas, contra la explotación en el centro de trabajo y la perspectiva de una vida atada a la fábrica, contra las normas sociales opresivas y la ausencia de derechos civiles… Diez millones de obreros se lanzaron a la huelga general, mientras las universidades quedaban paralizadas de forma casi permanente. Al igual que sus camaradas italianos, el PCF jugó un papel desmovilizador, negociando en secreto ciertas concesiones con el gobierno y llamando a los obreros a detener la ola huelguística. La suma de unas direcciones de la clase obrera sumidas en el reformismo y la incapacidad de las clases medias —por radicalizadas que estén— para dirigir un movimiento revolucionario catalizó el fracaso del Mayo francés, en lo que puede verse como el producto del fracaso de la “fórmula fusión”: el socialismo revolucionario no era suficientemente fuerte en el seno del movimiento obrero. La toma del poder nunca llegó a estar sobre la mesa, porque simplemente no existía un partido capaz de hacerlo y dispuesto a ello.
Así, cuando De Gaulle, en respuesta a la ola de protestas, convocó elecciones anticipadas, la dirección del PCF suspiró aliviada ante la posibilidad de desviar el conflicto de clase hacia la vía legal-parlamentaria. Al nivel inmediato, el miedo a la revolución empujó a las clases medias urbanas y el campo a votar masivamente por De Gaulle en las elecciones de 1968, permitiendo al viejo general revalidar su mandato.
Hoy muchos recuerdan este hecho ante la reciente oleada de movilizaciones. Olvidan, sin embargo, que el Mayo del 68 dejó profundamente tocado al poderoso De Gaulle. El miedo le otorgó un fuerte apoyo electoral, pero las calles habían demostrado que buena parte de la población no solo no compraba su relato triunfalista, sino que lo consideraba el símbolo de una Francia rígida, burguesa y autoritaria que debía ser superada. Apenas un año después de su victoria, De Gaulle dimitió tras perder un referéndum constitucional.
La presidencia de su sucesor, Pompidou, fue continuista en términos de política económica —prosiguiendo con el marco dirigista y sus proyectos de desarrollo industrial— pero menos nacionalista en términos de política exterior —permitiendo el acceso de Reino Unido a la CEE— y más liberal en su estilo. La abrupta muerte de Pompidou coincidió con la crisis de 1974 y el fin de treinta años de crecimiento económico interrumpido. Su sucesor, el liberal Giscard D’Estaign, hubo de ceder a algunas de las reivindicaciones del sesentayochismo, abriéndose a una gran expansión de los derechos civiles (legalización del aborto, legalización del divorcio, acceso a anticonceptivos, mayoría de edad a los 18 años) a la vez que lidiaba con las consecuencias de la crisis.
La primera reacción del gobierno fue recurrir a la sabiduría económica dominante en el periodo de posguerra, optando por una receta keynesiana de aumento del gasto público y estímulo de la demanda. Pero la crisis del 73 fue también de la crisis del keynesianismo y las premisas que lo sostenían. Ante un contexto marcado por la escasa rentabilidad, el estancamiento económico y la inflación, el aumento de la inversión pública y el gasto social solo dio lugar a una inflación exacerbada y un déficit comercial en crecimiento, obligando al gobierno francés —como a tantos otros en el mundo— a cambiar de ruta. Volvió así la austeridad, ese fantasma de la primera mitad del siglo, por medio del tipo de políticas que caracterizan a lo que solemos llamar “neoliberalismo”: contención salarial, recortes en el gasto público, renuncia al pleno empleo como objetivo macroeconómico, control obsesivo del déficit, etc.
El resultado fue un creciente descontento obrero que acabaría llevando al poder al socialista François Mitterand, unido en alianza con los comunistas desde la década anterior. Su victoria fue un terremoto político, poniendo fin a 23 años de gobiernos encabezados por la derecha y alimentando ilusiones de una gran transformación social. Mitterrand llegó al poder ofreciendo una salida a la crisis por vía de un programa socialdemócrata radical y prometiendo incluso una “vía francesa al socialismo”. Su programa contemplaba nacionalizaciones a gran escala, incluyendo la mayor parte de la banca privada y los principales sectores estratégicos, la reducción de la jornada laboral y la edad de jubilación, un impuesto a las grandes fortunas y una expansión de los derechos civiles y políticos.
Durante su primer año en la presidencia se aplicaron muchas de estas medidas, pero su efecto económico no fue el esperado. La “socialdemocracia en un solo país” tenía poco que hacer frente al poder internacional del capital y el contexto general de crisis de la rentabilidad. La inflación se disparó, el déficit comercial creció enormemente, y hubo una fuga de capitales masiva a modo de ataque burgués directo contra el gobierno. Sus aliados atlantistas dejaron claro a Mitterrand que por ahí, no, mientras la economía capitalista francesa se acercaba al colapso.
Así que su gobierno se enfrentó a la siguiente encrucijada: o avanzar, en notable aislamiento, hacia una vía revolucionaria para la que ni estaban preparados, ni tenían las fuerzas, ni deseaban (hubiera requerido desmantelar el mismo orden estatal sobre el que gobernaban) o plegarse a los dictados del capital. La respuesta, conocida como “giro de rigor”, fue la esperable: abandono del programa socialdemócrata, expulsión de los ministros comunistas y adopción de un marco de austeridad, control del déficit y rigor financiero.
Con esto nos acercamos a las raíces más inmediatas del contexto en que se encuentra actualmente Francia. En tanto que presidente socialdemócrata obligado a gestionar el pleno tránsito al neoliberalismo, Mitterrand no podía ser simplemente un Thatcher francés. El suicidio electoral habría sido completo; las calles en llamas, la muerte de su partido. Por ello, optó por una política que ha pasado a ser conocida como “anestesia social”, donde las privatizaciones y el fin del pleno empleo y el marco “dirigista” en la política industrial vinieran acompañadas de una expansión de los servicios públicos y los derechos sociales.
Esta es la paradoja francesa, y el origen de su estatus como el gran país europeo con mayor nivel de gasto social y derechos económicos, jornada laboral más reducida, mayor cantidad de funcionarios, etc. Cuando el derechista Chirac sustituyó a Mitterrand como presidente, su primer ministro Juppé trató de imponer un programa neoliberal integral que incluía más austeridad, recortes a gran escala y una profunda reforma del sistema de pensiones. El resultado fue la mayor ola de huelgas y protestas desde Mayo del 68. Ante un país paralizado, el gobierno tuvo que dar marcha atrás al proyecto y convocar elecciones legislativas anticipadas en 1997. Las elecciones se saldaron con una victoria socialdemócrata que llevó a Jospin al cargo de primer ministro. El gobierno de Jospin siguió el camino recorrido por Mitterrand: políticas liberales a nivel macroeconómico (como la continuación de las privatizaciones) y concesiones sociales que permitieran contener el descontento popular (como la jornada de 35 horas o grandes planes de empleo público juvenil).
El descontento, sin embargo, no dejaba de crecer, a veces incluso fuera del radar de los principales partidos. Se extendía por las zonas del Norte desindustrializado, tradicionalmente comunistas, por los sectores rurales, los nuevos desempleados y sectores de las clases medias que veían peligrar su estabilidad. El primer gran susto llegó en las presidenciales de 2002, cuando el fascista Jean Marie Le Pen consiguió llegar a la segunda vuelta. Le Pen representaba la rearticulación política de la tradición que venía desde Vichy y La Vendée, la Francia rural y reaccionaria opuesta al liberalismo y el socialismo. Hizo su aparición en los 80, y Mitterrand se cuidó de alimentar su crecimiento para dividir el voto de la derecha (esta fue, de hecho, la clave de su segunda victoria presidencial). Pero Le Pen y su Frente Nacional siguieron creciendo, y pasaron incluso a dominar algunas zonas industriales en decadencia que antaño habían sido baluartes comunistas. El PCF, por su parte, había entrado en un veloz proceso de pérdida de apoyos tras su entrada (y salida) del gobierno de Mitterrand, dejando de facto de ser el gran partido de la clase obrera francesa, o siquiera un partido de masas. Podría decirse, de paso, que su nacionalismo francés, así como el viraje eurocomunista de finales de los 70, facilitaron el tránsito de parte del electorado educado por el partido hacia el nacionalismo en su variante lepenista. En cualquier caso, la llegada de Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales fue un shock para el sistema político francés, y la izquierda se volcó en apoyar al derechista Chirac, que acabó ganando por goleada. Pero la sola presencia de Le Pen era un síntoma de que las grietas no dejaban de crecer.
Otro síntoma, de índole muy diferente, apareció en los disturbios de París de 2005, quizás el primer ejemplo de lo que algunos sociólogos han llamado “revueltas grises”. Lo que hizo de estos disturbios algo tan singular, a la vez horroroso e incomprensible para la política burguesa, pero también difícil de interiorizar dentro de la cosmovisión general de las izquierdas, fue que quienes protestaban no parecían pedir o querer nada en concreto. Las protestas fueron catalizadas por la muerte de dos adolescentes de los suburbios tras una persecución policial, pero representaron algo así como un estallido “puro” de rabia, indignación y descontento. No las vehiculaban partidos o sindicatos, no nacían de organizaciones, no tenían demandas concretas. Eran los habitantes de los enormes suburbios obreros que rodean París, hogar de currelas precarios y “poblaciones sobrantes” donde el proletariado, de origen migrante en mayoría, dirigiría su furia —aparentemente ciega— contra un sistema que los condenaba a no ser nada.
Con los disturbios de 2005 la realidad de las banlieues pasó a primera fila del debate político. Estas grandes barriadas proletarias habían sido construidas en los 50 y 60 para acoger a los migrantes franceses y norteafricanos atraídos por el boom industrial de la región. Formaban, en su conjunto, un cinturón netamente obrero y políticamente rojo, organizado en torno a las grandes fábricas de la zona. En esa era de pleno empleo, las banlieues fueron ganando rápidamente en habitantes; y en ellas la clase obrera accedía, a menudo por primera vez, a viviendas con agua caliente, calefacción central y baños propios. Íntimamente ligadas a otras localidades más antiguas del cinturón proletario parisino —como Saint Denis u otras pequeñas localidades donde las “alcaldías rojas” se remontan hasta el siglo XIX— la actividad política comunista y las huelgas estaban en el orden del día, y su tejido comunitario —organizado en torno al partido, el sindicato y muchas organizaciones culturales, vecinales, cooperativas, etc.— era de los más densos que ha conocido Europa. En ese sentido, las banlieues representaban la esforzada vida, pero también la fuerza y el orgullo de clase, del proletariado parisino.
Todo comenzó a cambiar con la crisis de los 70. Muchas fábricas cerraron, lo cual disparó un desempleo que no tardaría en cronificarse. La pobreza y la delincuencia crecieron de inmediato. Pronto, los trabajadores con mejores condiciones económicas prefirieron mudarse a otras zonas: quienes se quedaron en las benlieues eran, en su mayoría, los sectores más proletarizados, a menudo de origen migrante y fuertemente dependientes del apoyo estatal ante el elevado desempleo. La policía redobló su presencia en la zona, haciendo de la violencia racista parte de la vida cotidiana de muchos de sus habitantes. El partido y el sindicato perdieron su liderazgo orgánico sobre la población, y el tejido comunitario quedó fuertemente desarticulado.
En los años 90 la situación seguiría empeorando, la brecha entre las periferias y el resto de la ciudad se agravó y los disturbios comenzaron a generalizarse. La situación de las banlieues en la época quedó inmortalizada en el clásico La Haine, reflejo de las vidas de la juventud proletaria de los suburbios. Los planes estatales de “rehabilitación” ofrecieron una serie de parches del todo inútiles ante el problema estructural: un desempleo cronificado, especialmente duro entre los jóvenes, la discriminación laboral hacia muchos trabajadores migrantes de origen árabe o subsahariano, la incapacidad de los subsidios públicos para mitigar la pobreza o la violencia que es intrínseca a la alta presencia policial. Esta realidad fue la que emergió como un torrente en las revueltas del 2005, que pronto se extendieron a las periferias de todo el país, con más de 10.000 coches quemados y miles de detenidos. El gobierno de Chirac —cuyo ministro de interior, Nicolás Sarkozy, había avivado las protestas al afirmar que “limpiaría” las calles de “escoria”— acabó declarando la emergencia nacional para tomar el control de las calles durante semanas de disturbios.
La gran crisis de 2008 completa el cuadro de los grandes antecedentes de las revueltas de hoy. Desde 2008, la política francesa ha estado caracterizada por una tensión permanente: las necesidades del capital exigen eliminar los restos de las políticas de “anestesia social”, pero la clase trabajadora las considera irrenunciables. En esta era de crisis capitalista, los elementos tardíos del “Estado social” francés —jornada de 35 horas, jubilación a los 60 años, amplio gasto social— y sus elevados salarios lastran de forma cada vez más inasumible la rentabilidad del capital, a menudo eufemizada como “la competitividad de Francia”. De ahí que, si uno hace memoria, cueste no encontrar algún periodo en la última década en que Francia no haya estado en llamas. Desde Hollande hasta Macron, todos los presidentes han intentado avanzar en una agenda de recortes, reformas laborales y eliminaciones de derechos, pagando en cada caso el precio de disturbios generalizados, huelgas generales y amplia inestabilidad social. Como la necesidad del capital es acuciante, todos los gobiernos tiran para adelante (se han aprobado contrarreformas laborales, se ha aumentado en dos años la edad de jubilación, etc.). Como el precio que imponen las calles es alto, todos los gobiernos tienen que contenerse. Pero la lentitud del avance hace que la presión por avanzar se acumule, a la vez que la permanencia del avance, ligada al empeoramiento económico general, alimenta el descontento y lo empuja hacia formas cada vez más explosivas.
Al mismo tiempo, esta agenda económica tiene su correlato político en el avance del giro autoritario del Estado, necesario para confrontar una lucha de clases recrudecida. La reciente aprobación de una ley que entrega a la policía, básicamente, licencia para matar se enmarca dentro de un largo recorrido de empoderamiento jurídico, organizativo y logístico de una policía cada vez más impune, represiva y armada. Así, la creciente represión también acaba impulsando la radicalización de las protestas, en un contexto donde cada vez es más la autoridad del propio Estado lo que está en juego.
El hilo que conecta las movilizaciones obreras más tradicionales —como las huelgas generales— con revueltas más difícilmente definibles —como las de los chalecos amarillos— y los motines que se replican en los suburbios es una crisis capitalista donde el empeoramiento general de las condiciones de vida coincide con la urgencia del capital por eliminar los derechos y concesiones a los que la clase obrera se aferra. Aunque esta crisis se expresa en todos los países, la peculiaridad francesa viene en gran parte determinada por la excepción que supuso la política de “anestesia social”: allí el capital debe ser más agresivo, porque entregó mayores concesiones. La clase obrera también preservó mayores niveles de combatividad que en países como Alemania, tanto durante los “treinta años gloriosos” como bajo las presidencias de Mitterrand o Chirac, lo que ha contribuido a preservar una “cultura de la protesta” que es ya parte de la identidad del proletariado francés, conectando las luchas presentes con las barricadas del XIX. Por último, tenemos la realidad de las banlieues, cuyos niveles de “guetificación” (con la explosividad que los acompañan) tienen escaso parangón al nivel europeo.
A nivel político general, el saldo de las últimas décadas es el siguiente: el “centro burgués” que representara Macron ha colapsado en Francia, dejando como principales alternativas a Le Pen —o sea, la reacción— y Melènchon, heredero de la socialdemocracia radical (hay en él cosas que recuerdan a los primeros y más honrados reformistas, como Jaurès). Ambos proceden, a nivel histórico, de tradiciones que rechazaron la Quinta República —por motivos opuestos— y Melènchon aboga abiertamente por la instauración de un nuevo orden constitucional.
Por lo tanto, es la misma Quinta República lo que está hoy en crisis. En tanto que forma de gobierno, se encuentra en un “impasse total”, como lo ha descrito Fréderic Lordon. Las concesiones que está obligada a eliminar son las mismas que sostienen su ya frágil legitimidad ante la mayoría trabajadora: esta es su encrucijada.
¿Qué surgirá de la crisis de la Quinta República? La vía de reforma socialdemócrata de Melènchon tiene, me temo, las patas cortas: su destino sería, con toda probabilidad, similar al del primer Mitterrand y su “socialdemocracia en un solo país”, y ninguna encuesta avala siquiera su posible victoria en una segunda vuelta. Más allá de las imágenes levantiscas que vemos en sus calles, Francia es un país con un electorado fuertemente escorado hacia la derecha: la suma de neoliberales, conservadores y fascistas en las últimas elecciones legislativas —donde todas las fuerzas de izquierda se presentaron unificadas bajo un frágil Frente Popular— supera el 70% de los sufragios. Se impone aquí la dinámica de una “mayoría silenciosa”, en buena parte rural, ausente en las calles que hoy puebla el proletariado urbano pero cada vez más dispuesta a buscar la salvación en soluciones autoritarias y chovinistas. La analogía con el 68 y la victoria de De Gaulle es comprensible, porque todo apunta a que la dinámica será similar, con las áreas rurales y las clases medias lanzándose en los brazos de un salvador autoritario frente al recrudecimiento de la lucha en la calle.
Por otro lado, la intensidad de las protestas francesas contrasta con la debilidad de sus organizaciones. El PCF es hoy una patética sombra de lo que fue, y se encuentra de hecho a la derecha de Melènchon. Las organizaciones trotskistas, habituales en el panorama político francés, están en todos los casos lejos de poseer un arraigo de masas. La Francia Insumisa, el más perdurable de los partidos de la izquierda populista y la única fuerza que puede pretender representar mínimamente las actuales protestas al nivel de la gran política, no es un partido de masas sino una organización débil en términos de estructura, articulada básicamente en torno al liderazgo bonapartista de Melènchon. Una vez este pase a retirarse de la política —como presumiblemente sucederá si es derrotado en 2027, como auguran todas las encuestas—, la organización perderá tanto su dinamismo como su principal razón de ser.
Tampoco el plano sindical ofrece perspectivas muy halagüeñas: incluso los grandes aparatos sindicales burocráticos, como la CGT, poseen niveles de afiliación menores a los de sus homólogos españoles, y el sindicalismo más combativo carece de un arraigo de masas notable. La cuestión no es que las revueltas estén plenamente desorganizadas: hay organizaciones, algunas de gran tamaño (como la CGT) o relevancia (como LFI) que participan de ellas y juegan un papel relevante. También hay por delante, en la propia Francia, el proceso de preparación de una huelga general, que es un proceso organizativo vehiculado por las principales organizaciones obreras. La cuestión, no obstante, es que por el momento no existen organizaciones con la fuerza, voluntad e implantación que permitiría convertir estos estallidos de rabia en una lucha paciente por un proceso de transformación social a gran escala.
Si esta situación se prolongara en el tiempo, las olas de protesta estarían condenadas a surgir y extinguirse en una espiral de rabia e impotencia. Sin líderes, sin organización, sin programa, largos estallidos reactivos, expresiones de rechazo ante ciertas medidas que logran articular una indignación más amplia y profunda, pero que se agotan, por lo general, con el ministerio de turno guardándose la contrarreforma en el cajón a la espera de un momento más favorable o aprobando una serie de medidas simbólicas que en nada tocan las causas estructurales de la rabia.
La celebración del formato de revuelta desorganizada, al estilo del Comité Invisible, como la victoria definitiva contra cualquier burocracia supone hacer de la necesidad virtud, un poco como alegrarse de perder los brazos porque así no tendrás que cargar nunca más con las bolsas de la compra. Lo que estamos viendo no es una revolución, ni puede serlo, porque una revolución es la trasferencia del poder político de una clase a otra, y la clase obrera francesa carece de las herramientas y condiciones que harían eso posible. La romantización de las protestas francesas y sus elementos más “explosivos” es, en ese sentido, un deje infantil —perdonable, desde luego, por la bondad de sus intenciones, y siempre preferible a la tibieza socialdemócrata, pero infantil en cualquier caso.
Recuerdo ser adolescente, o al menos más joven, y esforzarme en imaginar cómo las grandes protestas contra la austeridad que veía en Grecia podrían convertirse en una revolución. Había movilizaciones masivas, disturbios a gran escala, fortísimos enfrentamientos con la policía (a una escala menor, podía ver algo similar aquí). Hubo una ocasión incluso donde los manifestantes atenienses intentaron asaltar el Parlamento. Mi perplejidad de la época se debía a que no era capaz de imaginar cómo eso, que era como yo imaginaba una dinámica revolucionaria, podía convertirse en una revolución de verdad, “como las de antes”. Los manifestantes entran al parlamento y ¿qué? Me parecía evidente que eso no era “tomar el poder”, que quienes entraran ahí no podían ponerse sin más a gobernar. Y lo era, claro. El motivo por el cual ese tipo de dinámicas no pueden dar lugar a una revolución es porque no puede haber revolución sin un partido —o una institución que, sin llamarse así, actúe como tal— que tome el poder político y comience a gobernar; esto es, a tomar medidas vinculantes de carácter general.
Con esto podemos abandonar mis perplejidades de la adolescencia y volver al argumento principal: para que la indignación que hoy vemos en las calles de Francia pueda, en el futuro, optar a convertirse en el impulso que conduce a un nuevo orden social, la construcción de un Partido revolucionario de masas es una necesidad ineludible. No es que “todo sea” construir el partido. Esta no es, siquiera, la única tarea organizativa: es necesario reforzar el sindicalismo de clase y generar todo un amplio tejido asociativo. Pero sin un partido, por tomar la expresión de Donald Parkisnon, no tenemos nada, porque no tenemos un “nosotros” programáticamente constituido (esto es, dotado de un programa general para la transformación social y una estrategia para llevarlo a cabo).
La tarea de la construcción partidaria no interpela únicamente a los franceses, sino a toda la ola de protestas que está tejiendo esta suerte de primavera europea. La simultaneidad de las protestas no es casual: no es solo que las dinámicas de lucha de masas siempre acaben teniendo un carácter internacional, sino que Europa conforma un marco general de lucha de clases propio, por encima de las grandes diferencias que la atraviesan. Esto ya era así en el siglo XIX y lo es especialmente hoy, cuando la gran mayoría de sus países viven bajo el mando unificado de la Unión Europea.
Quizás lo más interesante de esta ola de protestas sean los procesos organizativos que van desplegándose en su seno, procesos vehiculados en su mayor parte por organizaciones ya formadas antes del estallido. El camino de reforzamiento organizativo —no solo sindical, sino también político-revolucionario— es la vía para conseguir que las protestas futuras sean más sólidas y conscientes, que la rabia vaya tomando forma y dotándose de horizontes, que la indignación se convierta en fuerza de clase.
Los franceses que hoy luchan en la calle se enfrentarán a estos retos bajo una previsible presidencia de Le Pen, donde el conflicto entre las necesidades del capital y los derechos y condiciones de vida de la clase trabajadora alcanzará un nuevo estadio. Y no me cabe duda de que quienes durante todos estos años han dictaminado que la desorganización es el destino inevitable de los movimientos de protesta se equivocan, y que entre lo que augura el sombrío futuro que enfrentamos brilla también la esperanza que representa la reconstrucción de grandes partidos revolucionarios insertos en un movimiento de clase reorganizado.
