La Administración Trump ha incluido en su lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (Specially Designated Global Terrorists, SDGT) a La Haine, un portal de contrainformación y medio digital alternativo español fundado en 2000. El sitio ha dejado de estar disponible en internet tras las sanciones impuestas por los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos al servidor alternativo italiano Autistici/Inventati, al que Washington acusa de proporcionar soporte digital a personas y organizaciones incluidas en dicha lista, a las que también califica de “hackers radicales” y “violentos extremistas ultraizquierdistas”.
La Haine, alojada en los servidores del proveedor italiano de servicios digitales, Autistici/Inventati, ha denunciado la decisión de la Administración Trump, que, según el medio, se ha llevado a cabo sin supervisión ni orden judicial. En un comunicado difundido a través de Insurgente.org, La Haine señala que, además de haber dejado de ser accesible en internet, sus cuentas de correo electrónico también han dejado de funcionar. Autistici/Inventati contaba con aproximadamente 20.000 cuentas de correo electrónico, 10.000 blogs y 1.500 páginas web. “Desde LaHaine.org trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo a Austici/Inventati y denunciamos esta escalada represiva que busca terminar con la libertad de asociación y de expresión”, ha declarado el medio, que en octubre cumplirá 26 años desde su fundación.
Junto a la entidad italiana, también han sido incluidas en la lista negra de la Administración Trump la organización británica Palestine Action y la red propalestina Masar Badil, vinculadas al colectivo A/I. Las sanciones se enmarcan en una operación impulsada por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el pasado mes de julio. Según sus impulsores, se trata de una campaña internacional contra el denominado “terrorismo de izquierdas”, en la que participan distintos partidos y organizaciones afines al trumpismo. El objetivo, según estas posiciones, sería articular una plataforma represiva que actuase como órgano censor sobre medios y organizaciones que apoyen o promuevan movimientos sociales anticapitalistas.
El Departamento de Estado fundamenta sus acusaciones contra el colectivo A/I en que este proporciona herramientas digitales que, según Washington, estarían diseñadas para prestar apoyo a organizaciones terroristas “marxistas” y/o “anarquistas”. Esta acusación contrasta con los propios términos de servicio de A/I, que prohíben “utilizar los servicios para cualquier objetivo de tipo militar, incluida la difusión de informaciones o material didáctico relacionados con armas de fuego y relativas técnicas de combate, guerra cibernética, desarrollo y producción de armas”. Asimismo, el Departamento de Estado describe a Autistici/Inventati como una organización “antifascista” y “antimilitarista” que ofrece sus servicios exclusivamente a colectivos e individuos “alineados con su ideología”.
El bloqueo de estos servidores deja así sobre la mesa el debate sobre los límites de las sanciones internacionales y su impacto sobre la libertad de expresión y el acceso a espacios independientes de comunicación. Mientras Washington justifica las medidas por su supuesto apoyo a organizaciones consideradas terroristas, los afectados denuncian que las sanciones tienen consecuencias directas sobre sus espacios de comunicación y sus servicios digitales.
