El Tribunal Supremo ha confirmado que la identidad de personas jurídicas consideradas grandes tenedoras de vivienda debe quedar fuera del conocimiento público. Dice la autoridad que aprecia un riesgo objetivo y previsible para la seguridad pública, dado que su identificación facilitaría la localización de inmuebles y podría elevar las ocupaciones. Una resolución que llega para proteger a los poderosos,
El origen del asunto se sitúa en 2021, cuando una periodista solicitó acceso a información pública sobre los grandes tenedores y se le denegó. Para el Supremo, el interés general del debate público sobre vivienda queda cubierto mediante la entrega de datos estadísticos, distribución territorial y volumen de propiedades anonimizado.
