El gobierno boliviano anunció que en la noche del miercoles fueron detenidos el fiscal general Roger Mariaca y el fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, a los que acusa de vinculos con organización criminal y traficos de sustancias controladas. Asi lo indicó el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, que informó que en total se realizaron 14 detenciones.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la cartera catalogó el operativo, iniciado en la ciudad de Santa Cruz, como una “lucha contra el narcoterrorismo”.
Pero las suspicacias surgen cuando se conoce que Mariaca investigaba el caso de Fernando Cerimedo, operador político de origen argentino, quien participó en las campañas de varios presidentes de ultraderecha latinoamericanos. En agosto, el exfiscal denunció que estaba sometido a fuertes presiones por su indagación sobre Cerimedo, detenido ese mes tras un ataque con sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller, del cual es señalado como responsable, aunque en total tiene abiertas cuatro acusaciones judiciales en suelo boliviano.
Esta semana, el Departamento de Estado de EE.UU. retiró el visado a Mariaca y otros funcionarios bolivianos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la corrupción. El exfiscal rechazó el chantaje estadounidense y expresó que no detendría la investigación contra Cerimedo.
La policía interceptó en Santa Cruz una ambulancia que salía del edificio donde reside Mariaca. En su interior se hallaron bolsos con sumas de dinero en moneda nacional que, según la versión oficial, corresponden a cobros irregulares a ciudadanos en busca de justicia y a financiamientos ligados a movilizaciones sociales pasadas.
Además de ejecutar las detenciones, la policía intervino de manera sorpresiva las instalaciones de la Fiscalía de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Utilizaron para ello agentes encapuchados y, de acuerdo con denuncias, no portaban orden de allanamiento.
Desde la Fiscalía General calificaron la detención de Mariaca como un «secuestro», pues entre otros vacíos se ejecutó sin orden judicial.
Según el Gobierno, también existió financiamiento del narcotráfico, y en este punto añadió al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien no se encuentra detenido, “pero está siendo buscado”, aseguró Oviedo.
Horas atrás, medios bolivianos difundieron un video donde el narcotráficante uruguayo Sebastián Marset —antes de ser extraditado a Estados Unidos— aseguró haber entregado 500.000 dólares tanto a Mariaca como a Del Castillo para obtener protección en territorio boliviano. Mariaca también estaba a cargo del seguimiento de responsabilidades en el caso Marset.
En paralelo, Luis Montaño asumió este jueves como el fiscal general interino, mientras que Mabel Andrade fue posesionada como fiscal departamental de Santa Cruz ante la ausencia de las máximas autoridades de ambas autoridades. El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, recordó que la Constitución boliviana es clara respecto a que la elección del fiscal general corresponde a la Asamblea Legislativa. Un vocero del presidente Rodrigo Paz informó que el paso dado por Montaño es ilegal y se prevé que este viernes ambas cámaras de la Asamblea sesionen para definir quién será el próximo fiscal general.
Fernando Cerimedo se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro tras la denuncia planteada por su expareja.
Tras concretarse la aprehensión del fiscal general, la defensa de Beller sostuvo que la acción policial guarda estrecha relación con el avance del caso Cerimedo y las investigaciones sobre posibles redes de protección en estamentos estatales. Por su parte, Beller aseguró a través de redes sociales que el Gobierno intentará borrar las pruebas que incriminan al operador argentino.
Además de sus fuertes nexos con el presidente Paz, a quien asesoraba, un audio divulgado semanas atrás vincula a Cerimedo con la primera dama María Elena Urquidi y un esquema ilegal de tráfico de combustibles.
Cerimedo tiene cuatro procesos abiertos en Bolivia: uno por legitimación de ganancias ilícitas, otro por feminicidio en grado de tentativa, un tercero por violencia familiar y doméstica contra Beller y un cuarto, en Beni, por protección a vuelos irregulares de sustancias controladas.
