Comunicado de la Coordinación de Núcleos Comunistas (CNC)
El desahucio de una anciana de 87 años y un 50% de discapacidad de su piso en el que vivía desde hace 70 años, por el que pagaba un alquiler de 500 euros, llevado a cabo por Urbagestión – empresa dedicada a la especulación inmobiliaria –, es la gota que colma un proceso que se desarrolla desde hace décadas, por el que la clase obrera se ve privada del acceso a un bien de primera necesidad.
El hundimiento de la economía productiva está llevando al gran capital a ocupar todos los espacios sociales que pueda convertir en mercancía: transportes, luz, agua, servicios sociales… y ahora, de forma desenfrenada, la vivienda.
La clase obrera, que construye todo tipo de urbanizaciones y viviendas de lujo, malvive alquilando un cuchitril, o incluso en “camas calientes” (se alquila una cama por ocho horas, que usan para dormir tres personas por día).
El escándalo de comprobar día tras día cómo se pone en la calle a personas que, por haber perdido su trabajo o porque su salario o pensión son insuficientes, se acompaña de un cadena de actuaciones que involucra a los gobiernos y a los aparatos del Estado, sin cuya participación la ejecución del atentado contra la clase obrera no sería posible.
La expulsión de la clase obrera del derecho a la vivienda para convertirla en mercancía especulativa es una realidad candente en toda la UE. De hecho, en grandes ciudades europeas como Berlín o Graz organizaciones de izquierda han ganado las elecciones colocando la expropiación de grandes fondos de inversión como objetivo central de su programa.
En el Estado español, la colaboración de PP, PSOE, Sumar o Podemos (cuando gobernó), ha aprobado leyes (o no las ha derogado ) que favorecen al capital financiero y a grandes empresas, sobre todo en la ejecución del brutal crimen del desahucio. Muy al contrario, mandan a sus “fuerzas del Orden” para apalear y detener al vecindario solidario que intenta impedir los crímenes más flagrantes, aplicando la Ley Mordaza, que prometieron derogar y que sigue siendo el baluarte legal de la represión más feroz.
El “lanzamiento” de Mari Carmen en Madrid, salvaje y brutal, ha sido ejecutado por la policía antidisturbios, mandada – no por Ayuso, que lo hubiera hecho igual – sino por Marlaska. Este ministro del Gobierno, cuya reprobación no ha sido presentada por ningún socio de Gobierno, ni por los apoyos “progres” que lo sostienen, es responsable directo de la escalada represiva que se vive en el Estado español contra la clase obrera y la juventud antifascista. En los desahucios, al igual que en las huelgas, a un lado está el proletariado y a otro las fuerzas del “orden” que protegen al mismo capital.
El intento de enmascarar la responsabilidad directa del gobierno PSOE-Sumar convocando la manifestación ante el ático de Ayuso es una penosa maniobra para evitar que – con unas elecciones en ciernes – se muestre a la luz del día la inutilidad de confiar en la izquierda institucional la solución de los problemas sociales más acuciantes. Ellos representan los intereses de la burguesía imperialista y gobiernan para ellos. La propuesta, ¡ahora!, después de ocho años de gobierno, de expropiar a los multipropietarios, llevaría a reír a carcajadas, si no hubiera tanto dolor acumulado al que han asistido sin pestañear.
Ni quienes gobiernan hoy, ni quienes pretenden sustituirles tienen la más mínima credibilidad. Legislan, aplican las leyes que consagran la propiedad privada por encima de cualquier necesidad social y dirigen a las fuerzas represivas contra los trabajadores que intentan oponerse.
Las próximas elecciones no cambiarán nada a favor de la clase obrera, gane quien gane, como no lo han hecho las que se llevan sucediendo desde hace décadas. Al contrario. El Plan de la oligarquía imperialista, de aquí y de fuera, es seguir convirtiendo en mercancía lo poco que aún queda de derechos sociales, y defender el engorde de sus beneficios con los aparatos del Estado.
