ANTE LA OLEADA DE INCENDIOS
En apenas unas horas, el incendio de Los Gallardos (Almería) se ha extendido por un perímetro de miles de hectáreas, ha obligado a desalojar a cientos de personas y ha dejado varias decenas de muertos y desaparecidos. El fuego avanzó con una velocidad extrema, alimentado por la sequedad del terreno, las altas temperaturas y unas noches que ya no permiten enfriar la tierra. En pleno 2026 no podemos aceptar que una catástrofe así se presente como inevitable. Existen los conocimientos, los medios técnicos y la capacidad social para prevenir, adaptar el territorio y proteger a la población. La pregunta, por tanto, no puede ser solo cómo el fuego ha podido avanzar con tanta violencia, sino por qué ha encontrado las condiciones necesarias para convertirse en tragedia.
La respuesta queda oculta cada verano tras el mismo guion. Llegan las imágenes del fuego y las evacuaciones, comienza el cruce de acusaciones sobre la falta de medios y finalmente todo queda reducido a la incompetencia del gobierno de turno o a una supuesta fatalidad climática. Mientras tanto, cunde la desesperación de aquellos que lo pierden todo -incluida la vida- y sufren la destrucción territorial y medioambiental. Este verano lo hemos visto ya brutalmente en Aragón, Girona y León, por poner solo algunos de los ejemplos más destructivos de lo que llevamos de temporada.
La crisis climática prolonga las temporadas de riesgo, eleva unas temperaturas que ya de por sí han provocado más de mil muertos por calor desde junio, reduce la humedad y favorece incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Pero no actúa sobre un territorio ordenado de forma casual. Lo hace sobre montes sin gestionar, pueblos abandonados, servicios públicos degradados y actividades agrarias y ganaderas en retroceso. Los pueblos no se vacían solos ni los montes se abandonan por casualidad.
Durante décadas, el empleo, los servicios y las infraestructuras se han concentrado en unos pocos núcleos, expulsando a la juventud trabajadora y convirtiendo amplias zonas rurales en espacios subordinados a la producción energética, las grandes explotaciones, el negocio forestal o la simple especulación con la tierra.
Esta ordenación del territorio responde a una lógica muy concreta. Cuando una actividad resulta rentable los beneficios quedan en manos privadas, cuando deja de serlo el terreno se abandona, y cuando todo arde el conjunto de la sociedad paga la extinción, las indemnizaciones, la reconstrucción, y en demasiadas ocasiones lo paga con sus propias vidas. Los beneficios se privatizan mientras el riesgo y los costes se socializan. Por eso, la cuestión de los incendios no puede separarse de la propiedad de la tierra ni del poder de los grandes terratenientes, fondos y empresas para decidir sobre enormes extensiones del territorio sin asumir las consecuencias sociales y ecológicas de sus decisiones.
Esta misma irracionalidad se expresa con especial crudeza en las condiciones de quienes combaten el fuego. Bomberos y trabajadores forestales permanecen atrapados en una red de empresas públicas, contratas y subcontratas, con salarios bajos, contratos temporales, plantillas insuficientes y jornadas interminables. Muchos trabajadores solo alcanzan un salario medianamente digno cuando el monte ya está ardiendo, acumulando horas extraordinarias y poniendo en peligro su vida. Durante décadas las diferentes administraciones públicas han construido un modelo que considera la prevención un gasto prescindible, mantiene plantillas temporales y concentra los recursos cuando el incendio ya está desatado. No puede llamarse eficiente a un modelo que precariza durante todo el año a quienes después presenta como héroes durante la catástrofe. Es evidente que existen responsabilidades políticas concretas.
Frente a esta situación, es necesario exigir de inmediato un operativo forestal estable y activo durante todo el año, la eliminación de las subcontratas, más recursos para la prevención y la aplicación urgente de medidas que reduzcan las emisiones, protejan el agua, adapten los montes y promuevan el empleo y los servicios en las zonas rurales. También debemos poner sobre la mesa un horizonte de socialización de la tierra, sometiéndola a una planificación democrática con participación directa de quienes la trabajan. No basta con apagar el siguiente incendio, hay que intervenir sobre las condiciones que lo convierten en una catástrofe.
Los incendios revelan, en última instancia, la incapacidad de la sociedad capitalista para organizar racionalmente su relación con la naturaleza. Hoy existen conocimientos, trabajadores y medios técnicos suficientes para reducir drásticamente el riesgo, mantener y adaptar los montes y proteger a las poblaciones, pero la propiedad privada, la competencia entre administraciones y la subordinación de toda decisión a la rentabilidad para unos pocos impiden una planificación democrática. Solo el socialismo puede poner la tierra y los recursos al servicio de los intereses de la mayoría, bajo control colectivo. Solo el socialismo puede organizar nuestra relación con la naturaleza según las necesidades sociales y los límites ecológicos.
COORDINADORA JUVENIL SOCIALISTA
