En 2021 el Partido Comunista de Eslovaquia (KSS) celebró el centenario de su fundación. Entre otras cosas, se colocaron carteles conmemorativos en diversos espacios públicos, con la inclusión de la hoz y el martillo y el lema político “Sin socialismo no funcionará”. Pues bien, por este hecho, un tribunal de la República Eslovaca ha ratificado recientemente las sanciones económicas y penales contra dicho partido y varios de sus máximos dirigentes.
En su resolución, el órgano judicial expresa que dicha acción propagandística suponía “la promoción de un movimiento que pretendía la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.
Como consecuencia directa de este fallo judicial, el KSS ha sido condenado al pago de una multa administrativa que asciende a varios miles de euros. Y esto no es todo, ya que siete miembros del Comité Central se enfrentan de manera individual a multas personales de elevada cuantía o, en caso de impago alternativo, a penas de privación de libertad de hasta un año de prisión.
La dirección del KSS ha rechazado firmemente los términos de la sentencia judicial y ha manifestado de manera pública que, “mediante este dictamen, las instituciones estatales están criminalizando en la práctica la celebración del propio aniversario histórico y la trayectoria de la organización”.
Cabe subrayar que el anticomunismo ha cobrado en los últimos años especial relevancia en los países de Europa del Este. En este contexto es donde se debe situar el caso de Eslovaquia. La criminalización e ilegalización del comunismo es un grave hecho que está siendo utilizadas en no pocos países, como en la República Checa y Polonia, por poner dos ejemplos.
