La sección de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha acusado a ERC ya los Comunes de convertir en «cómplices» al rechazar las enmiendas presentadas para mejorar las condiciones laborales del personal educativo y contribuir a resolver el conflicto que ha marcado el presente curso escolar en Cataluña.
El sindicato denunció que ambos grupos parlamentarios votaron en contra de todas las medidas planteadas por las organizaciones sindicales durante la negociación de las enmiendas presupuestarias.
CGT les afea que voten incluso de las propuestas que reproducían iniciativas de los propios partidos
Según la CGT, resulta «especialmente grave» que ERC y los Comunes no apoyaran ninguna de las propuestas defendidas por los sindicatos, incluidas algunas que, según recuerda la organización, reproducían iniciativas que ambas formaciones habían impulsado o apoyado anteriormente en el Parlament. Entre ellas cita el incremento del complemento de Coordinación Digital.
La organización sindical considera que esta decisión evidencia una «contradicción» entre el discurso público de ambos partidos y su actuación parlamentaria cuando han tenido la oportunidad de convertir sus reivindicaciones en mejoras concretas para los trabajadores de la educación.
La CGT también asegura que, durante las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios, ni ERC ni los Comuns plantearon alternativas reales a las medidas propuestas. Según el sindicato, la única respuesta recibida fue la propuesta de crear un grupo de trabajo «sin objetivos definidos, sin compromisos concretos y sin garantías» que pudiera traducir en avances efectivos.
Aunque la organización no descarta participar en futuros espacios de negociación, sostiene que la actual tramitación presupuestaria representaba una oportunidad para aprobar mejoras inmediatas que finalmente ha quedado desperdiciada.
Por eso, la CGT considera que ERC y los Comunes «comparten la responsabilidad política de la falta de soluciones al conflicto educativo en Cataluña» al renunciar a utilizar su fuerza parlamentaria para impulsar cambios reclamados por la comunidad educativa.
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