Activistas y parlamentarios pidieron a los ministros que retiraran la prohibición de Palestine Action tras la decisión del Tribunal de Apelación de mantener la prohibición, calificando la decisión de ataque a los «cimientos mismos de la democracia».
El gobierno ganó hoy su apelación, ya que cinco jueces dictaminaron que la decisión del Ministerio del Interior de julio de 2025 de ilegalizar al grupo de acción directa era legal.
La jueza presidenta, la baronesa Carr, afirmó que la prohibición impuesta el año pasado en virtud de la Ley Antiterrorista de 2000 era una injerencia «justificada y proporcionada» en los derechos a la libertad de expresión, revocando así un fallo de febrero del Tribunal Superior que iba a anular la prohibición.
Desde el 5 de julio del año pasado, la prohibición ha suscitado una condena generalizada, así como una campaña de desobediencia civil liderada por Defend Our Juries, que ha resultado en la detención de más de 3.000 personas.
La ilegalidad de Palestine Action en virtud de las leyes antiterroristas implica que ser miembro del grupo o mostrarle apoyo es un delito punible con hasta 14 años de prisión.
La mayoría de las detenciones desde la ilegalización se debieron a portar pancartas que decían «Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action».
El panel de cinco jueces del Tribunal de Apelación incluyó a la Presidenta del Tribunal Supremo, Sue Carr, y al Presidente del Tribunal de Apelación, Geoffrey Vos.
En su resumen de la decisión, la Presidenta del Tribunal Supremo consideró que las comparaciones entre Palestine Action y las sufragistas eran «gravemente erróneas», argumentando que las sufragistas operaban «de forma transparente», mientras que el grupo prohibido intentaba «evitar la detección y el enjuiciamiento de quienes utilizaban la violencia para destruir la propiedad de terceros».
Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, quien presentó la demanda contra la prohibición del Ministerio del Interior, afirmó que la decisión de hoy no la desanima.
Afirmó que «luchará contra la prohibición hasta el final» ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la esperanza de haber revocado «uno de los ataques más extremos contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta en la historia británica moderna».
El exlíder laborista Jeremy Corbyn calificó la decisión de «una burla a la justicia» y añadió: «Uno a uno, los cimientos mismos de nuestra democracia están siendo destruidos, todo para engrasar los engranajes de la complicidad británica en el genocidio».
“Nuestro gobierno ha participado en el asesinato en masa de palestinos. Ese es el verdadero crimen, y debemos hacer justicia.”
Y el exministro de Hacienda en la sombra, John McDonnell, pidió al Parlamento que revirtiera urgentemente la decisión «antes de que veamos a un gran número de personas mayores, en particular, siendo llevadas ante nuestros tribunales».
La portavoz de justicia de los Verdes escoceses, Maggie Chapman, condenó la decisión, calificándola de «un golpe devastador para la libertad de expresión y el derecho a la protesta».
Añadió que el gobierno y los tribunales «criminalizaron la conciencia y enviaron un mensaje desalentador a cualquiera que estuviera dispuesto a denunciar la injusticia».
Lindsey German, coordinadora de la Coalición Detengan la Guerra, coincidió con esta opinión y destacó que el fallo se produjo tan solo unos días después del encarcelamiento de los activistas de Filton 4, acusados de terrorismo el viernes pasado.
Según la Sra. German, estas decisiones confirman “la conspiración del sistema contra el derecho a protestar contra un genocidio”.
“La reiterada descripción que hace el juez en su informe de Elbit Systems, empresa que fabrica armas utilizadas en un genocidio activo, como una ‘actividad lícita’, y de Palestine Action como una organización ‘violenta’ por interrumpir dicha actividad, dice todo lo que ya sabemos sobre el Estado británico.”
Pidió que la decisión de hoy fuera «debatida de forma urgente y abierta por los parlamentarios».
Anas Mustapha, responsable de defensa de los derechos públicos de Cage International, afirmó que el fallo era un recordatorio de «para qué sirven estos poderes».
“No son medidas de protección contra la violencia, sino herramientas autoritarias para aplastar la disidencia.
“Miles de personas, incluidos jubilados, siguen viviendo bajo la amenaza de ser procesadas por oponerse al papel de Gran Bretaña en un genocidio.
“Esa es la realidad que protege esta sentencia. Ningún fallo judicial convencerá a la gente de que su conciencia está equivocada, y ninguna ley hará desaparecer el apoyo a Palestina.”
Añadió: “La única solución sostenible es la abolición total de estas leyes”.
Tom Southerden, director del programa jurídico de Amnistía Internacional en el Reino Unido, describió la prohibición como “un grave abuso de los amplios poderes antiterroristas, con graves consecuencias para los derechos humanos”.
“Es fundamentalmente desproporcionado tratar las protestas de acción directa como terrorismo.
“El gobierno debe retirar la prohibición y comenzar a revertir años de ataques contra nuestro derecho a manifestarnos, una de las herramientas más eficaces que tenemos para exigir responsabilidades a quienes están en el poder.”
