La derogación en el Congreso del Real Decreto‑ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler ha encendido otro conflicto por la vivienda en España. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos por el derecho a la vivienda están redoblando su pulso a los poderes públicos y a lo que denominan el entramado del «rentismo», es decir: grandes propietarios, fondos de inversión, inmobiliarias, bancos y empresas que han hecho del alquiler un negocio especulativo.
Hay que recordar que, en las horas previas a la votación, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas impulsó una campaña de envío masivo de correos electrónicos dirigida a los diputados de PP y Junts para pedir que no tumbaran la norma. En apenas un día, más de 50.000 cartas llegaron a los buzones de los 144 parlamentarios de estos grupos con correo público, pero no ha surtido efecto.
Las asociaciones sostienen que el decreto, aunque insuficiente, podía haber evitado la expulsión de más de un millón de hogares con contratos a punto de vencer. La decisión de PP, Vox y Junts de no convalidarlo, con la abstención decisiva del PNV, es considerada por los afectados como un alineamiento con los intereses de este bloque rentista, y las actuaciones más inmediatas comienzan con la defensa jurídica de las prórrogas ya solicitadas y terminan con una ofensiva de movilización en la calle y, a medio plazo, de una huelga general.
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