Una manifestación ha recorrido este sábado las calles del centro de Valencia para reclamar el derecho a una «vivienda digna» y denunciar la «inacción política» de los gobiernos, tanto a nivel estatal como autonómico y local.
También quieren que se prorrogue el Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre ya que, de no hacerlo, «supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se inicie la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado, 5.000 en la Comunidad Valenciana y casi 900 en la ciudad de Valencia».
Así lo ha dicho el portavoz de Juntes per l’Habitatge, Pablo Ramos, quien ha participado en la marcha bajo el lema «Por el derecho a la vivienda, ahora!, que ha comenzado en la Plaza de San Agustín y ha concluido en la Plaza de la Virgen.
En la marcha, convocada por Juntes per l’Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, se han escuchado consignas como «Ni casa sin gente ni gente sin casa», «Basta ya, ningún desahucio más» o «Valencia no se vende», entre otros.
Ramos ha subrayado que el precio de la vivienda en Valencia es «impagable e inasumible». También ha avanzado que las manifestaciones serán «constantes» hasta que se «consiga algún acercamiento» con las administraciones. No obstante, ha señalado que sí se han reunido «varias veces» con el Ejecutivo autonómico, aunque «todas las propuestas han sido rechazadas» con un «no contundente».
«La vivienda no es una aspiración, sino un derecho»
«Estaremos en las calles hasta que las medidas oportunas se cumplan», ha afirmado Ramos, que ha avanzado que «habrá más manifestaciones».
«La vivienda no es una aspiración, sino un derecho. Por ello, hace falta que todas las administraciones, sin excepción ni excusas, asuman su responsabilidad directa e implementen, de forma inmediata y de acuerdo con los movimientos sociales, vecinales y sindicales, los instrumentos necesarios para su garantía. La sociedad exige hechos y los necesitamos ahora», ha sentenciado.
Así las cosas, se ha leído un manifiesto al final de la marcha, en la Plaza de la Virgen, en que el que se ha considerado «gravísima» la situación que impide el acceso a la vivienda y se ha «puesto encima de la mesa» las «responsabilidades» de todas las administraciones y partidos políticos, al tiempo que también han exigido un plan de choque con medidas «necesarias, concretas y consensuadas» con los movimientos sociales, vecinales y sindicales «para atajar el problema de raíz y avanzar en un derecho que tendría que ser indiscutible».
Han calificado de «dramática» la situación, ya que «los desahucios se mantienen» y han afeado que los precios de los alquileres «son cada vez más inaccesibles».
Y han insistido: «La vivienda es un derecho social, pero es, ante todo, un derecho de la ciudadanía, de pertenencia a un pueblo, a una comunidad. Vivir sin acceso a la vivienda o con la constante amenaza de perderlo; es privar de derechos».
En la misma línea, han señalado que, «sin vivienda, no hay igualdad de oportunidades«. Así, es «imposible garantizar una ocupación estable, una educación de calidad o la salud mental si no se tiene un hogar seguro». «Porque defender la vivienda es defender los barrios: su comercio local, su convivencia, la vida que hace ciudad», reza el manifiesto, en el que también se apunta que «la saturación turística, la especulación y el abandono institucional están rompiendo comunidades enteras».
La Generalitat habla de «falta de oferta»
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha defendido que avanza en el objetivo de «dar solución a la vivienda con políticas integrales», y ha sostenido que el problema de la vivienda «es un problema de falta de oferta» y que en eso es en lo que está trabajando.
Frente a la «demostrada incapacidad» del Gobierno de España en política de vivienda, y «tras ocho largos años de sequía en la construcción de nuevas viviendas asequibles» en esta comunidad, el Gobierno valenciano «da pasos firmes y reales» para mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias con menos recursos, ha afirmado en una nota de prensa.
«Inmersa desde hace dos años en la puesta en marcha de políticas activas para dar solución al problema de vivienda», la Generalitat se ha centrado, según señala, en activar suelo, poner viviendas en el mercado, aprobar rebajas fiscales para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y dar avales a los jóvenes para facilitarles el acceso a la vivienda.
«Además, seguimos trabajando para dar seguridad a los propietarios para que pongan las viviendas en alquiler, dando ayudas para compra de vivienda y para alquiler», ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que «en solo dos años» ha impulsado más de 4.400 viviendas de protección pública. Según ha insistido, la Generalitat ha ampliado el parque público incrementando en un 10% las viviendas en alquiler social, entregando más de 1.043 viviendas y rehabilitando casi 600 viviendas con una inversión de 8,7 millones de euros.
Otra de sus líneas de actuación consiste en mejorar las ayudas para alquiler y compra, y, respecto a los avales y fiscalidad, ha subrayado que ha rebajado impuestos y que el IVF ha avalado a más de 1.600 jóvenes, con 14,5 millones en avales, según su datos.
rtve
