La Ley 15/1997, aprobada conjuntamente por PP y PSOE, abrió la puerta a que la sanidad pública pudiera gestionarse mediante manejos con empresas privadas. Es sabido que, como pasa con la escuela concertada, en este modelo el “ahorro” se consigue abaratando costes: el personal sanitario cobra menos y tiene peores condiciones que en un hospital íntegramente público. Sin embargo, ahora se está destapando una diversidad de formas de enriquecerse por parte de estos magnates.
Esta semana ha estallado el caso del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (en teoría «público», pero con gestión privada del grupo Ribera Salud) tras la publicación de unos audios del directivo Pablo Gallart. En esas grabaciones se escucha cómo se plantean medidas para disminuir las operaciones realizadas, rechazar procesos o pacientes poco rentables y, para colmo, dejar crecer las listas de espera con un objetivo económico explícito: ganar cinco millones de euros en beneficios. Además, se ha conocido que la empresa Ribera Salud pretendía reutilizar material de un solo uso (por ejemplo, catéteres) para recortar gasto.
El propio Gallart ha dimitido de la gestión del hospital, ante las protestas cada vez más enfervorecidas en la calle. El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue defendiendo los supuestos «beneficios» del modelo, mientras el gobierno central se niega a derogar la Ley 15/1997, como cada vez más voces al interior de la Marea Blanca le exigen.
