Abdulah Arabi, representante en España del Frente Polisario, acusó al capo de los empresarios Garamendi y su plan de hacer negocios en territorio saharaui,, de obviar el marco legal que regula cualquier actividad económica en el Sáhara Occidental. «Por supuesto las empresas son libres de invertir donde consideren. Sin embargo, no pueden hacerlo vulnerando el Derecho Internacional», advirtió.
Arabi recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos que incluían al territorio saharaui sin el consentimiento del Frente Polisario, reconocido como su representante legítimo. «Las que operan en el Sahara Occidental lo hacen sin un marco jurídico que ampare su actividad», señaló. Y fue más allá: toda actividad que no cuente con la autorización expresa del Polisario contribuye de manera determinante a la ocupación del territorio, vulnera los derechos de la población saharaui y obstaculiza su derecho a la autodeterminación.
El diplomático saharaui dejó claro que el movimiento no se opone a la actividad económica en sí, pero advirtió de que estudiarán caso por caso para emprender acciones legales y sentar jurisprudencia contra aquellas empresas que decidan operar bajo control marroquí. «La implicación directa en infinidad de vulneraciones de Derechos Humanos recaerá sobre cada una de las empresas que decida instalarse allí», insistió.
El conflicto arrastra también consecuencias para los consumidores europeos, según Arabi, que denuncia que los productos procedentes del Sáhara Occidental no se etiquetan adecuadamente, lo que afecta al derecho a la información y transparencia.
La advertencia del Polisario se produce en un momento de recomposición estratégica entre Madrid y Rabat, tras el giro copernicano del Gobierno español de 2022 en favor de la propuesta marroquí
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