La continuidad de la estrategia económica, en Uruguay se manifiesta también en el plano de las formas de inserción internacional.
Una de las principales banderas de la nueva conducción económica es la potencial firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión europea.i
Las promesas de que la firma de los más diversos TLC constituye una herramienta esencial para el desarrollo del paísii se mantienen en el ruedo. Incluyendo esfuerzos por ingresar a la Alianza del Pacífico que aún en el difícil caso que se concreten tendrá resultados intrascendentesiii
El discurso oficial se centra en la idea de que la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones incrementaría los ingresos del país y paralelamente se fomentarían más inversiones desde el exterior.
La realidad indica que este tipo de Tratados tiende a profundizar la estructura comercial preexistente.
Particularmente en el caso uruguayo las exportaciones se concentran en un pequeño grupo de productos primarios y sus derivados. Ganadería, soja, eucalipto, arroz, lácteos.
Las posibilidades de crecimiento de la producción en estos rubros están acotadas por el uso del territorio, estructuras productivas inadecuadas y factores climáticos. La esperanza oficialista se orienta esencialmente a las posibilidades de incremento de precios recibidos como consecuencia de la eliminación de tributos en los países compradores. iv
No podemos obviar además que el núcleo de estas cadenas está en manos de grandes grupos económicos que serían los principales beneficiados.
Del “otro lado del mostrador” los efectos esperables no ofrecen buenas perspectivas.
El mayor desarrollo productivo y tecnológico de países del “norte” en ámbitos industriales y de servicios, genera riesgos. El incremento del ingreso de mercancías con tarifas preferenciales combinada con la fuerte inflación en dólares puede transformar centros fabriles en comerciales generando desempleo.
Las posibilidades de acceso de consumidores locales a precios más convenientesv, serán mínimas o ilusorias por el alto grado de concentración de importadores y mayoristas.
Además los tratados de “última generación” incluyen cláusulas sobre comercio electrónico, inversiones, normas sobre propiedad intelectual, que pueden limitar la capacidad de decisión de los gobiernos y ser fuente de litigios que serán eventualmente dirimidos por tribunales afines a las grandes transnacionales.
Mecanismos de protección a actividades internas, como por ejemplo preferencias en compras del sector público, pueden ser cuestionados en nombre de la “distorsión de la competencia”.
Servicios esenciales para la vida pueden ser considerados como mercancías afectando negativamente derechos sociales de la población.
Agua, energía, transporte, correos, telecomunicaciones, servicios de salud, educación, serán amenazadas por cláusulas ambiguas que potenciarán riesgos de mayor mercantilización y privatización.
Los principales efectos de este tipo de tratados son generalmente negativos para los pueblos.
