El ramalazo clasista y racista del Gobierno municipal de Martorell (Barcelona, Catalunya) salta a la vista. Conformado por Junts y el PSC, el citado Ayuntamiento ha aprobado una modificación de ordenanzas. Ahora prohíbe “utilizar las fuentes públicas para acumular agua, usando garrafas, botellas o utensilios de cualquier tipo”. Y la represión en forma de multas para quienes infrinjan sus normas pueden acarrear sanciones de hasta 750 euros.
El alcalde Xavier Fonollosa se ha retratado. Este individuo ha justificado la prohibición argumentando que la recogida de agua en las fuentes sólo la realzan “los ocupas”.
Las mencionadas organizaciones que han denunciado las prohibiciones subrayan, en un documento conjunto, que la medida afectará principalmente a personas que carecen de agua corriente en sus viviendas. Y consideran que “la única motivación para crear esta multa es castigar a las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio”. Las organizaciones denunciantes, que han creado la plataforma Aliança per l’Accés a l’Aigua, convocaron una protesta durante la aprobación de la normativa.
La nueva normativa municipal también incluye denegar el acceso al padrón a personas que no tienen otra opción que vivir en ocupaciones. Esta medida está actualmente investigada por un juzgado Barcelona por posible vulneración de derechos fundamentales. Se debe subrayar que aunque la normativa catalana permite contratar suministros de agua sin título habilitante mediante contadores sociales, el ayuntamiento de Martorell no aplica esta posibilidad.
El Consistorio de Martorell no sólo vulnera el derecho a la vivienda (si se recurre a la ocupación es porque no se tiene acceso a una vivienda digna), sino que también el acceso a un bien tan básico como es el agua. Eso no le impide erigirse como institución democrática y valedora de los derechos humanos. Por supuesto, el alcalde y los concejales de Junts-PSC no saben qué es la vergüenza.
