La región de Murcia tiene una fidelidad demostrada a la derecha de siempre. El PP gobierna hace 30 años y, por si fuera poco, Vox crece de un modo enloquecido en todos los sondeos (ya supera al PSOE en intención de voto, que ve como pasan los quinquenios sin tocar gobierno). Los casos de corrupción que afectan a la mismísima cúpula del partido, no parecen afectarle lo más mínimo. La propia secretaria de organización de los «socialistas» lo resume:
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Si algo identifica al Partido Popular es que su gestión durante treinta años en la Región de Murcia está manchada por la corrupción. Desde la A de Auditorio hasta la Z de Zerrichera, quedan pocas letras en el abecedario por las que no comience el título de un caso de probada y condenada corrupción de este partido. No son casos aislados, es una forma concreta de gestionar lo público, como fuente de negocio y enriquecimiento, por parte de los miembros del único partido político de este país condenado por corrupción, el PP. Ellos se enriquecen mientras la ciudadanía de esta Región se empobrece.
Estos días la cúpula del Gobierno de Valcárcel se sienta en el banquillo por el caso Novo Carthago, uno de los mayores escándalos de corrupción de la Región. También uno de los más significativos, porque muestra claramente la manera que tiene el PP de gestionar lo que es de todos y de eludir sus responsabilidades. Los todopoderosos consejeros del Gobierno regional se escudan en los técnicos, como hemos leído en sus declaraciones, para justificar la autorización de una macro urbanización de diez mil viviendas con campo de golf en una zona protegida en el Mar Menor.
Un caso más de corrupción y una muestra más de lo poco que les importaba cuidar y preservar lo nuestro, lo de todos, el patrimonio de toda la ciudadanía, frente a intereses privados.
Dos de sus presidentes autonómicos están manchados por la corrupción. Pedro Antonio Sánchez ya fue condenado a 3 años de prisión y 17 de inhabilitación por el caso Auditorio y aún tiene pendiente el juicio del caso Guardería en el que se enfrenta a penas de 13 años de cárcel y 36 de inhabilitación. Para Ramón Luís Valcárcel la fiscalía pide 11 años de prisión, por la presunta malversación millonaria de fondos autonómicos en la adquisición de la desaladora de Escombreras, que tenía entre sus finalidades llevar agua precisamente a Novo Carthago.
Falta espacio para explicar con detalle todos los casos que han afectado a cargos públicos del PP en esta Región, baste recordar el de aquel alcalde que estuvo años sin sacar dinero del cajero, el otro al que pillaron escondiéndolo en bolsas de basura o el consejero que guardaba millones en el trastero su casa. Corrupción del Partido Popular sentada en las instituciones y manchando la imagen de la Región de Murcia.
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María Jesús López
laopiniondemurcia
