La clase dominante sabe que la justicia es una herramienta de conservación de poder y estatus. Al igual que las fuerzas armadas, la iglesia, los medios de comunicación, o los cuerpos de seguridad y orden público. No hay novedad ni tema en el asunto. Las personas que acuden a la justicia saben que la extrema derecha y la derecha manejan el cotarro, que los que imparten sentencias tienen ideología y conciencia de clase, y que la interpretación de las leyes (en el caso anecdótico que el poder legislativo elabore alguna ley más cuestionadora de status quo) será de acuerdo a su intereses. Una sociedad dividida en clase no puede ofrecer otra realidad. Por eso jueces, que en un exceso interesado de teatro e ignorancia (que de todo hay) ven en Pedro Sánchez y su familia, algo así como un Lenin a exterminar. El llamado Partido Judicial está a la orden del poder y llenan las noticias con sus tramas y obediencias a los suyos. La metástasis es de tal envergadura que incluso letrados mal llamados «progresistas», están viendo como ese tsunami ultraderechista no respeta barreras, no se detiene ante colegas de profesión. La reflexión es obvia: si no se detienen ante todo un Fiscal General para defender a Ayuso y su novio, qué harán con un trabajador del metal en Cádiz por manifestarse y reivindicar en la calle lo que no se consigue en los despachos. El reformismo mira para otro lado, el argumento de que poco a poco irán cambiando las cosas desde dentro y en unos años habrá un poder judicial más democrático, justo y ecuánime. Esto se dijo al comenzar la mal llamada transición, pero casi cincuenta años después la clase dominante sigue siendo la misma y su justicia al servicio. ¿Alguna otra propuesta?
