Las exigencias las llevaron a cabo el pasado lunes miles de personas en varias ciudades ucranianas, tales como Kiev, Odesa, Leópolis, Dnipró… La demanda de los manifestantes fue muy clara: la renuncia del presidente Volodimir Zelenski y el fin del reclutamiento forzoso, secuestros en plena calle, más bien, a gran parte de la población para llevarlos al frente en su guerra con Rusia o, lo que es lo mismo, al matadero.
Las movilizaciones fueron convocadas por familiares de soldados y organizaciones civiles, tras la aprobación de una nueva ley que obliga a todos los hombres entre 25 y 60 años a registrarse como potenciales reclutas bajo pena de sanción económica y penal. Una portavoz del grupo Madres por la Paz expresó a la agencia Suspline: “Queremos que vuelvan nuestros hijos. Basta de esta guerra sin fin y sin control civil”.
También se denunció la corrupción en las juntas de alistamiento, malos tratos a soldados en el frente y la suspensión indefinida de elecciones legislativas y presidenciales bajo la ley marcial, vigente desde febrero de 2022.
Cabe recordar que, desde el inicio del conflicto, Zelenski ha prorrogado por decreto el estado de excepción en 11 ocasiones, acumulando poderes ejecutivos extraordinarios. Grupos de derechos humanos, como el Centro por las Libertades Civiles de Kiev, han advertido del “deterioro de las garantías democráticas y de participación electoral bajo condiciones de guerra”.
El portavoz presidencial Serguii Nikiforov del gobierno neonazi declaró, ante estas movilizaciones, que “el país está en guerra total y no hay espacio para la neutralidad”.
Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa de Ucrania, son cerca de 30.000 las personas que han sido sancionadas desde abril del presente año por evasión total o parcial del servicio militar.
