TURQUÍA. Dos profesores en huelga de hambre desde hace 80 días símbolos de la represión de la dictadura

Un académico y un maestro de Ankara, en huelga de hambre desde hace cuatro meses tras ser destituidos durante la ola represiva posterior al golpe de Estado fallido en Turquía, se han convertido en símbolos de la purga más importante de la historia turca.

El docente académico Nuriye Gulmen y el maestro Semih Ozakca fueron destituidos por decreto gubernamental a raíz del estado de emergencia instaurado tras la tentativa de golpe de Estado del 15 de julio pasado.

Posteriormente realizaron protestas en el centro de Ankara llevando carteles “Devuélvanme mi trabajo”, ganando atención nacional e internacional.

El 9 de marzo iniciaron una huelga de hambre en desafío a su destitución y fueron detenidos en mayo por cargos de “terrorismo”.

Ambos superan actualmente los cuatro meses de huelga de hambre, alimentándose apenas con agua salada y dulce, infusiones de hierbas y vitamina B1.

“Sabemos que a esta altura, en una huelga de hambre existe el riesgo de muerte”, indicó  su abogado Selcuk Kozagacli, agregando que padecen problemas de audición y visión, además de debilidad muscular.

Gulmen y Ozakca son apenas dos casos entre los más de 100.000 destituidos por el Gobierno turco tras la tentativa fallida de deponer al presidente Tayyip Erdogan.

Bajo el estado de emergencia instaurado unos pocos días tras el golpe fallido el Gobierno destituyó jueces, funcionarios públicos, maestros y académicos, acusados de ser simpatizantes del líder religioso Fethullah Gulen.

Ankara acusa a Gulen, que vive en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos, de haber dirigido la intentona golpista, lo cual él niega.

Los responsables turcos aseguran que fue necesario tomar medidas para contrarrestar la influencia en la vida pública del movimiento encabezado por Gulen y otras organizaciones.

Todo aquel que se sienta víctima de una injusticia puede apelar ante una comisión que inicia sus sesiones la semana próxima, aunque no queda claro si será capaz de atender tantos casos.

Los opositores a Erdogan dicen que se apeló a medidas de excepción para destituir a todos aquellos que han sido críticos del gobierno, incluidos aquellos –como Gulmen y Ozakca– que niegan cualquier vínculo con Gulen pero que tienen un historial de activismo de izquierdas.

En un informe publicado en mayo, la agrupación de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional criticó la “arbitrariedad” y las “motivaciones políticas” de las destituciones.

Sin embargo, responsables turcos expresaron su exasperación tras el interés generado por los casos de los dos docentes, asegurando que están detenidos por pertenecer al Partido-Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP-C), un movimiento marxista clandestino autor de acciones violentas esporádicas.

Ambos negaron los cargos de pertenecer a organización proscripta alguna.

Kozagacli dijo que desde el día 80º de su huelga de hambre no han tenido chequeo médico. Rechazaron el equipo de médicos enviado por la administración penitenciaria luego de que un médico amenazara de hacerlos alimentar a la fuerza si perdían conocimiento.

“Su situación, su salud y otras necesidades, están siendo observadas muy de cerca”, indicó este mes el ministro de Justicia Bekir Bozdag.

“Terminen con la huelga de hambre”, dijo Bozdag, antes de agregar: “no es ésa la forma indicada de reclamar por sus derechos”.

Su juicio está previsto para el 14 de septiembre. “No podemos esperar hasta esa fecha, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo”, dijo abogado Kozagacli a la AFP.

– Un millón de afectados –

La purga no sólo afecta a los destituidos: sus familiares y socios también padecen sus efectos. Una fuente diplomática europea estimó que “alrededor de un millón de personas se ven afectados directa o indirectamente por las purgas”.

Una vez destituida, la persona pierde no solo su salario sino además el seguro médico para ella y sus familiares, indicó Amnistía.

El poderoso sindicato de docentes Egitim-Sen es capaz de proveer 1.200 liras turcas mensuales (336 dólares) al destituido.

Pero ello es apenas suficiente para que lleguen a fin de mes y los destituidos difícilmente hallen otro trabajo.

Un juez destituido en agosto pasado dijo que lo más duro es explicar su situación a los demás. “Formo parte de la oposición de izquierda”, dijo, exigiendo el anonimato. “No tengo ningún vínculo con una organización terrorista”.

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