Reflexiones sobre los efectos de la pobreza energética

A raíz de la noticia del pasado 15 de noviembre que explicaba la muerte de una vecina de Reus (Tarragona) por causas vinculadas a la pobreza energética, desde Som Energia vemos la necesidad de comunicar cuál es nuestro sentir al respecto.

La posición de Som Energia ante la pobreza energética pretende tejer alianzas con ayuntamientos y otros actores de la sociedad civil, con la voluntad de corresponsabilizar y no asumir en solitario, como comercializadora, los costes (injustos) que se desprenden de la pobreza energética. También nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, ya que el margen de ganancia que tenemos para mantener en pie el proyecto es mínimo y la capacidad de presión hacia las grandes distribuidoras es nula por ahora.

Aceptando que la pobreza energética ya es un problema sistémico de nuestra sociedad, que impide a las personas tener una vida digna y tiene graves consecuencias sobre su salud, alimentación, educación y relaciones sociales, hay que afrontar esta situación de forma colectiva y comprometida desde la coherencia, la dignidad y el respeto a las personas que injustamente se encuentran en esta situación.

El primer punto que consideramos poner de manifiesto es que el uso de la energía es un derecho básico (reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española), y en ningún caso un bien de lujo. Por lo tanto, el mercado no debería lucrarse con su generación, distribución y comercialización (IVA del 21%, gestiones sospechosas por parte de las eléctricas, puertas giratorias, sistemas ineficientes…). Y por otro lado, la Administración Pública debería tener una actuación firme en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, y ejercer presión también en los espacios correspondientes.

Creemos que el quid de la cuestión, no sólo de la pobreza energética, se encuentra en la actual ley que regula el mercado eléctrico, ya que no contempla el acceso a la energía como un derecho básico, que permite todo tipo de prácticas abusivas.

Así, el hecho de que las comercializadoras realicen una llamada antes de un corte de suministro, que las partidas de Servicios Sociales se hagan cargo de las facturas, o el aplazamiento de los pagos de las facturas en los meses de invierno, son parches para tapar las injusticias y las ganancias que algunos dirigentes políticos y empresarios coleccionan.

La voz de Som Energia es clara y la hacemos sentir siempre que tenemos la oportunidad (consejos comarcales, agencias de consumo, mesas de pobreza energética): hay que definir responsables, desplegar un reglamento que supere conceptos ambiguos, y hacer una gran presión para cambiar la ley y empezar por cambiar algo tan escandaloso como es el IVA del 21% en un derecho básico.

En Cataluña está en vigor la Ley 24/2015 que insta a las suministradoras a actuar ante esta situación. Resulta, pero, que las suministradoras son un agente ambiguo, y no especifica si hablamos de empresas distribuidoras o comercializadoras, de forma que la responsabilidad sigue evadiéndose, ya que nadie se da por interpelado. Por otra parte, tampoco se ha trabajado ningún reglamento que desarrolle esta ley y establezca procedimientos claros de actuación.

 

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